*Antes de dejar el cargo, la síndica Irma Serrano Pérez habla sobre este y otros temas.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
La todavía síndica jurídica Irma Serrano Pérez dejará el cargo por motivos de salud, así lo hizo saber durante la más reciente sesión ordinaria del cabildo donde pidió licencia indefinida. Se va con un gran aprendizaje y compromiso por continuar apoyando a la distancia en la medida de lo posible, asegura.
A su llegada en septiembre del 2024, encontró un equipo de trabajo con dos abogadas y una asistente que reconoce trabajan incansablemente, tienen capacidad y por quienes abogó para que tengan mejores condiciones laborales y de equipo, dado que por la naturaleza de la Sindicatura Jurídica son muchos aspectos que tienen que atender.
Les falta una plaza por cubrir porque antes eran tres abogados más la asistente y es necesario para darle atención a la ciudadanía que solicita orientación jurídica, por ejemplo, más los asuntos legales que se tienen que seguir y atender. Aunque por ley ya no le corresponde al área el tema del patrimonio del municipio, es decir, los bienes inmuebles que ahora pasó a la Secretaría municipal.
Entrevistada en su oficina, junto a su equipo de trabajo, Irma Serrano dice saber que se tiene la idea de que en el área se pierden las demandas laborales, pero no es así, sino que se busca las mejores conciliaciones para no resquebrajar aún más las arcas municipales y en ello se enfoca el equipo jurídico con el que cuentan.
31 procedimientos laborales activos
De acuerdo con información de la Sindicatura Jurídica, a través de la abogada Dulce María Herrera Miranda, en el área se cuentan con 31 procedimientos laborales activos, 29 de ellos corresponden del 2016 hasta antes de septiembre del 2024 y solo dos se dieron al inicio de la administración 2024-2027.
Esos casos activos no han avanzado por la misma carga de trabajo del Tribunal, aclaró la abogada y entre ellos se encuentran exfuncionarios de la administración de Manuel Hernández Badillo, como el secretario municipal, tesorero y directores de área como el de Servicios Públicos y de Adquisiciones, solo por mencionar algunos.
En términos jurídicos se consideran procedimientos laborales contra el municipio cuando se da la terminación de la relación laboral y el trabajador se inconforma y presenta la demanda ante el Tribunal de Arbitraje.
Las conciliaciones son previas al emplazamiento de la demanda, donde asisten el actor con su apoderado y el municipio con su representante legal. El acuerdo tentativo incluye prestaciones proporcionales como aguinaldo, prima vacacional, vacaciones y el 50% de indemnización constitucional que corresponde a 45 días de salario. Se hace la cuantificación y en caso de no aceptarse o autorizarse, se remite al arbitraje.
El Tribunal de Arbitraje recibe el expediente y emplaza al Ayuntamiento. La Sindicatura realiza las contestaciones basándose en la información proporcionada por las áreas administrativas. Se consideran aspectos como el área de adscripción del trabajador y la información del área de recursos humanos (pagos, incidencias, vacaciones, actas administrativas y motivo del despido en su caso). Se revisan los expedientes laborales para identificar puntos clave antes de responder a las demandas.
Herrera Miranda mencionó que si hay retrasos en la resolución de demandas es porque se tienen que presentar pruebas y atender las audiencias, aunado a la demora en las notificaciones debido a la sobrecarga de trabajo del Tribunal de Arbitraje. En tanto que la resolución de conflictos legales, depende de las prestaciones reclamadas y las pruebas presentadas y la sustanciación del procedimiento.
En dos casos están en proceso conciliatorio, con una audiencia ya realizada y otra más con citación. La Sindicatura también habló del caso de un trabajador que ha presentado demandas en tres ocasiones. Se han realizado intentos de conciliación, con una próxima audiencia programada.
De todos los casos activos, solo uno es del ámbito federal que corresponde a una administración anterior. Precisamente se trata de la demanda por pago de prestaciones de seguridad social y que no se aprobó en el cabildo anterior, por lo que todavía está pendiente y en vías de que pueda resolverse sin un menoscabo mayúsculo a la economía municipal, comentó la síndica jurídica Irma Serrano Pérez.
La síndica reconoce la falta de presupuesto y consideración de seguridad social en el municipio. Abordó el tema con el presidente municipal Cristhian Martínez Reséndiz desde el inicio, pero el problema es generalizado en el estado de Hidalgo. A pesar de ello, el municipio presenta un menor número de demandas laborales comparado con otros, gracias a la conciliación con los trabajadores.
Conciliaciones: 1.1 millones de pesos
Del 5 de septiembre del 2024 a la fecha el gobierno municipal de Tula ha pagado 1 millón 161 mil 152.70 pesos (incluyendo ISR) por concepto de convenios de terminación de la relación laboral ante el Tribunal de Arbitraje en el Estado, con lo que se genera certeza jurídica y se cumplen las obligaciones patronales, dejando a salvo los intereses municipales sin riesgo de demanda, explicó la Sindicatura Jurídica.
Son 48 convenios, con un bajo porcentaje llegando a laudos en primera instancia; se establecieron criterios para asegurar que no se violen los derechos laborales. Los pagos incluyen finiquitos, con algunos casos por terminación voluntaria (proporcionales de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones) y otros por despido con su 50% de indemnización constitucional que por ley les corresponde.
Este proceso habrá de terminar con la firma de tres trabajadores que todavía están pendientes. Irma Serrano destacó la experiencia laboral y el compromiso del equipo jurídico por defender los intereses municipales; porque propone un convenio como solución para evitar afectar las finanzas, a pesar de algunas opiniones contrarias.
Serrano Pérez dio a conocer todo esto en un informe mucho más amplio en una mesa de trabajo. Reconoce que no tuvo obstáculos en la realización de su labor y agradeció la apertura tanto de las áreas administrativas como del ejecutivo municipal.
Nada tiene que reclamar porque lo que necesitó para su área se lo proporcionaron, solo queda pendiente el aumento de salario para el personal porque no corresponde con la carga de trabajo ni con la capacidad profesional; así como un auto que se tenía en el área y que en la administración anterior se los retiraron, pero que es muy necesario porque las abogadas se trasladan a Pachuca de manera frecuente. *NI*