*Asambleísta mantiene disposición para colaborar con el tema.
Por Francisco Villeda
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) no ha requerido nuevamente a los regidores de Tula de Allende para solicitarles más información en torno al presunto mal manejo de recursos públicos en la administración municipal 2020-2024, tema por el que el exalcalde Manuel “N”, se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca de Soto.
Lo anterior lo manifestó la regidora Araceli Rivera Díaz, quien dijo que en su caso tiene toda la disposición de colaborar con las autoridades para que este asunto se resuelva en beneficio de los pobladores del municipio.
“No nos han llamado para ampliar esa información que se nos pidió anteriormente, pero creo que en el momento en que seamos requeridos por la autoridad ahí estaremos cumpliendo con nuestra obligación de ciudadanos y de servidores públicos”, sostuvo.
La regidora dijo que como miembros del cabildo concluyen su cargo a principios del próximo mes de septiembre, pero atajó que todavía tienen un compromiso para “darle la cara” a la ciudadanía después de terminar su periodo.
Expuso que serán por lo menos cinco años en los que los asambleístas deben estar a disposición de las autoridades para aclarar temas relacionados a su desempeño en el órgano colegiado.
La asambleísta se puso “a la orden” de las autoridades para ratificar o ampliar lo que tenga de conocimiento sobre los sucesos que derivaron “al arresto y a la situación que hoy vive el exalcalde”.
Y es que dijo, junto con algunos compañeros del cabildo puso el interés, entusiasmo y experiencia para que las cosas se hicieron bien, pero aclaró que “el Ejecutivo con las facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal (LOM) y la misma Constitución política toma decisiones que muchas veces no son las que uno de manera particular quisiera, pero en el uso de sus facultades se toman y así es nuestra democracia”.
El regidor Ricardo Baptista González también expresó que hasta el momento no se les ha requerido nuevamente para comparecer ante las autoridades para ampliar su declaración, pero afirmó que en caso de que ello suceda, atenderá el llamado.
En su momento emplazó a sus homólogos a actuar conforme a la ley al aprobar contratos y otros documentos, para que no se repitieran las irregularidades financieras que ocasionaron que ya fueran requeridos por la PGJEH para comparecer por el presunto mal uso de recursos.
Hace meses el alcalde Mario Guzmán Badillo reveló que las auditorías realizadas a petición suya al asumir el cargo, arrojaron observaciones por más de 160 millones de pesos (mdp) en la administración del exedil Manuel “N”.
De esos, 85 mdp corresponden al ejercicio fiscal 2021 y otros 75 mdp al ejercicio fiscal 2022, mientras que la auditoría al ejercicio fiscal 2023 continúa, según explicó el alcalde interino. *NI*