*En Tula regidores hacen eco de protesta de vecinos que consideran que los aumentos afectan gravemente su economía.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
En la más reciente sesión del Ayuntamiento de Tula, munícipes señalaron los altos costos del impuesto predial y otras irregularidades en temas de vialidad, obras públicas y seguridad. La principal demanda fue la inclusión de un punto en el orden del día para discutir la modificación a la Ley de Ingresos 2025, específicamente sobre la tabla de valores del impuesto predial, avalúos y licencias de construcción.
Se dio a conocer que un grupo de ciudadanos entregó un oficio respaldado por 50 firmas, amparado en el artículo 84 del reglamento interior municipal, solicitando al presidente y al secretario del Ayuntamiento la revisión y disminución de las tarifas. Los vecinos denunciaron que los aumentos publicados en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2024 afectan gravemente su economía.
“Se están cobrando montos similares a fraccionamientos de lujo como Amanali, cuando nuestras colonias carecen de servicios e infraestructura básica”, expuso el regidor Edgar Zuriel Reséndiz, señalando zonas como Alvarado y Jalpa, donde el impuesto supera los 2800 pesos.
Además, se denunció la falta de respuesta a solicitudes ciudadanas previas, como la reubicación de parquímetros que obstruyen la movilidad peatonal y la regulación de lotes de autos que invaden banquetas. La regidora Ivonne Ponce Sobrevilla pidió revertir una reciente modificación al estacionamiento en la calle Manuel Rojo del Río, la cual ha afectado el flujo vehicular y la actividad comercial en el centro.
En temas de seguridad, se agradeció el trabajo del cuerpo de bomberos por su rápida respuesta ante incendios en comunidades como Bomintzhá, pero se insistió en la necesidad de mayor vigilancia preventiva. Habitantes, dijeron en el marco de la sesión, de Santa María Ilucán señalaron la urgencia de rondines policiales y mejor iluminación, tras reportes de balaceras y situaciones sospechosas.
Finalmente, se hizo un llamado a establecer mesas de trabajo previas a las asambleas, con el fin de dialogar y construir soluciones de forma organizada y eficaz. “No pedimos imposibles, solo ser escuchados y que nuestras propuestas se incluyan en la agenda pública”, pidió Ponce Sobrevilla.
Por su parte, Noé Paredes Meza, en el mismo tema de los valores catastrales, comentó que cuando se presentó el estudio hubo consenso para su aprobación, creyó que debía regular el valor de las zonas. “Yo entendí que ese estudio nos regulaba precisamente el valor, una revalorización de las zonas de Tula, eran parte de ese estudio”, explicó. Sin embargo, expresó dudas sobre su aplicación: “No entiendo tampoco cómo se aprobó, pues se mandó al Congreso, porque eso se generó aquí. Se mandó para aprobación del Congreso estos valores catastrales”.
Finalmente, hizo un llamado para evitar generalizaciones que afecten a otros municipios. “Espero que no se diga que estamos tomando otro municipio, característico y muy representativo. Por desgracia hay diferencias entre Amanali y la colonia Alvarado, como para que tengan el mismo valor catastral”. *NI*