4 de dic de 2021

*La instrumentación del presupuesto público con perspectiva de derechos humanos.

Por Miguel Angeles Arroyo


Por OFICINA | martes 23 de noviembre del 2021 , 07:22 p. m.

La aplicación de un enfoque de derechos humanos y el diseño de políticas públicas es reciente en nuestro país. Para los municipios esta inclusión se ha convertido en un tema primordial; muestra de ello fue someter al pleno del H. Ayuntamiento de Tula de Allende la aprobación del dictamen sobre el Reglamento Básico de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad 
En este sentido, se deberá establecer mecanismos para vincular los derechos humanos al proceso de presupuestación de la administración pública local. 
La perspectiva de derechos humanos, además de colocar el tema de la dignidad humana como valor fundamental, reconoce la importancia que tiene la protección y satisfacción de tales derechos en la consolidación de los regímenes democráticos a partir del fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y por medio de la construcción de un espacio público verdaderamente abierto y orientado hacia los problemas de la comunidad. 
En este sentido, resulta fundamental que las políticas públicas se dirijan a la solución de los grandes problemas de las sociedades democráticas y se materialicen en un contexto de ciudadanía en pleno ejerci¬cio y capacidad de disfrutar sus derechos en el cual la acción gubernamental se encamine a la satisfacción y salvaguarda de ellos. 
Es necesaria una nueva forma de entender la acción y la legitimidad del gobierno, ya no desde una visión del seguimiento estricto del procedimiento legal o por medio del mantenimiento de una burocracia guiada por cierta ética de la responsabilidad sino a partir de la articulación de sistemas de incentivos y medición que permitan incidir positivamente en el comportamiento de las y los servidores públicos, de tal forma que se puedan obtener resultados eficientes y valiosos para la población. 
Esta nueva visión se enfrenta a un contraste difícil de sortear entre el enfoque de derechos humanos y la perspectiva tradicional de definición gubernamental. Es decir, mientras el enfoque de derechos humanos entroniza la cobertura, satisfacción y efectividad en la realización de los derechos, la perspectiva tradicional pone énfasis en la eficiencia y el logro de resultados; la óptica de dederechos se centra en la persona y su interrelación con su comu¬nidad política mientras que la postura tradicional parece concentrarse en clientes-ciudadanos claramente diferenciables. 
El pasado miércoles 17 de noviembre del año en curso, el H. Ayuntamiento de Tula de Allende, tuvo a bien aprobar por unanimidad el Reglamento Básico Municipal de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad; sin embargo, para su aplicación se debe adecuar un proceso presupuestal que conlleve acciones y objetivos de gobierno en programas presupuestarios, que en general responda a determinadas políticas de gobierno, muchas de ellas vinculadas al tema de Derechos Humanos, y que mantenga una dinámica propia y rígida a favor de los Derechos Humanos. 
La preocupación es que el gasto público garantice eficientemente los derechos reconocidos. 
El principio de proporcionalidad significa que el gasto público debe distribuirse a través del presupuesto de egresos respetando las funciones establecidas para cada área. Es decir que debe hacerse una estimación de costo de las actividades públicas a realizar. Por su parte, el principio de solidaridad implica que cuando una Dirección no tiene suficientes recursos propios para cumplir con sus funciones debe recibir apoyo presupuestario del resto de las áreas. Entonces, podemos afirmar que ambos principios van a implicar que la decisión presupuestaria debe garantizar que se cubra con suficiencia las funciones de las entidades públicas. 
El principio de equidad consiste en exigir que la decisión presupuestaria respete los derechos humanos. El último de los principios exige que el gasto público garantice cierta igualdad en el goce de los derechos humanos. 
La aprobación de este reglamento requiere de un acompañamiento de los procesos que definen el quehacer gubernamental y su expresión en el financiamiento de ese quehacer. Es decir, implica revisar y readecuar la agenda municipal para dotarla del mismo enfoque de derechos, el cual debe ser considerado en el plan de gobierno, en sus programas y en el presupuesto. 
Si el objetivo es que el enfoque de derechos oriente el ejercicio de gobierno, entonces es necesario que el plan general de gobierno se identifique con ello. Los programas de gobierno deben tener ese enfoque, así ́ como objetivos explícitos en materia de Derechos Humanos. Lo mismo debe estar plasmado en el diseño y objetivos de los programas presupuestarios que son los que dan vida al ejercicio gubernamental. En suma, las políticas públicas y sus programas y acciones deben considerar un objetivo central en términos de Derechos Humanos. 
Ello obliga a reconsiderar el diseño de la agenda y de los mecanismos de acción del gobierno, de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, de los Programas derivados de él, así como de los recursos, sus alcances y limitaciones para cumplir con las nuevas obligaciones municipales. 
En el marco de la discusión sobre el reglamento y el tipo de obligaciones que contiene es necesario evaluar las capacidades reales para cumplir con ellas y, en todo caso, definir una ruta para hacer viable los compromisos del Estado. 
Una de estas agendas es la hacendaria. Bajo el enfoque de Derechos Humanos la Hacienda Pública debe dar respuesta en el corto, mediano y largo plazo a las obligaciones que vengan considerando el monto de recursos necesarios, así como la asignación de éstos y las reglas para su ejecución. 
De este modo, el diseño y definición del Presupuesto de Egresos debe considerar el alcance de los programas y su objetivo en materia de derechos para contar con los recursos necesarios para "promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” que define la Constitución. *NI*

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