16 de dic de 2018

Hablemos de… 22/09/2018

*Atención integral a mujeres: un reto para servidoras y servidores públicos.   Por: María Camila Tabares Marín &nb


Por OFICINA | sábado 22 de septiembre del 2018 , 08:02 a.m.

*Atención integral a mujeres: un reto para servidoras y servidores públicos.

 

Por: María Camila Tabares Marín

 

“La mayoría de las mujeres buscan ayuda una sola vez, y si no reciben la atención adecuada, es probable que regresen a su ciclo de violencia y nunca vuelvan a salir de ahí”. Esto lo aseguran las expertas en el tema y deberían saberlo no sólo quienes trabajan con mujeres, sino todas y todos los servidores públicos.

De ahí, la necesidad de que, a nivel municipal, estatal y federal, se desarrollen políticas públicas que respalden la igualdad de género y se conviertan en condición clave para el pleno cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Se debe considerar que no sólo quienes trabajan con mujeres tienen contacto con ellas. En muchas ocasiones, se tiende a naturalizar las situaciones de las víctimas por la costumbre del trabajo, o peor aún, se termina juzgándolas y revictimizándolas. Esto es un impedimento para las transformaciones sociales que buscan mayores niveles de justicia.

El caso más claro y lamentable en México fue el de las mujeres del campo algodonero que se presentó en Chihuahua, y que tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser al menos investigado y juzgado, porque hasta hoy no ha sido reparado.

En esta situación, que seguramente no es un caso aislado en el país, las autoridades actuaron de forma negligente, parcial e insensible. No investigaron, no procesaron, no sancionaron y además cayeron ellos mismos en actos discriminatorios y de violencia por razones de género.

Las víctimas del campo algodonero no sólo perdieron su vida y su integridad, sino que sus casos fueron enterrados, cayendo en la impunidad. La Corte pudo probar la falta de precisión, la poca rigurosidad, los métodos ineficaces y además la fabricación de culpables por parte de las autoridades mexicanas.

Es decir, hay una vinculación clara entre el incumplimiento de los deberes oficiales y la falta de políticas públicas y mecanismos idóneos de protección judicial, para las mujeres y familiares de las mujeres que sufren algún tipo de discriminación por razones de género.

De acuerdo con la CEPAL, “las políticas de género basadas en la igualdad como horizonte y como principio deberán hacer posible que las mujeres detenten mayor autonomía y poder, que se supere el desequilibrio de género existente y que se enfrenten las nuevas formas de desigualdad. En nuestra convicción, es fundamental tomar acciones para difundir la información que generan estos cambios de políticas en los ámbitos técnico, político, social y cultural”.

Así, el fortalecimiento de las capacidades para poner en marcha efectiva políticas públicas orientadas a disminuir las brechas de género, es imprescindible. En Tula se evidencia un avance en este sentido. Actualmente, se están capacitando las servidoras y servidores de la Administración Municipal que atienden directamente a mujeres.

Esta capacitación incluye el aprendizaje y comprensión de un Estándar, desarrollado por el Instituto Nacional de las Mujeres, que plantea una atención adecuada para ellas. Primero, al ofrecerles un primer contacto eficiente, empático y respetuoso, y segundo, al referirlas a una atención especializada según sus necesidades y deseos. Esto implica, sensibilizarse con la realidad actual de las mujeres del municipio, el estado y el país, y comprometerse a ser agentes de cambio en su contexto.

Tener el reconocimiento de servidora o servidor público, requiere entender que son representantes de la ciudadanía y como tales, deben emprender acciones justas enfocadas en la igualdad.

En este sentido, no hay que ser un experto para poder ofrecer una atención oportuna y salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres que llegan buscando orientación. Se trata más bien, de incorporar “un marco de derechos humanos que privilegie la calidad y calidez en la atención”, tal como dice el Estándar.

Todas las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Esto no sólo debe ser conocimiento principal de quienes trabajan en el sector público, sino que debe ser una convicción.

“Se presentan muchos casos en que el mismo servidor justifica la violencia que reciben las mujeres porque todos nos hemos formado en este contexto machista. Entonces le dicen que algo habrá hecho para que le peguen o que es una tonta por continuar al lado de su agresor. Esto es lo que intentamos eliminar”, asegura la Maestra Alma Irays Ramírez, directora de la Instancia Municipal de la Mujer en Tula.

La perspectiva de género facilita la desnaturalización de la violencia. Trabajar bajo esta mirada permite convertirse en red de apoyo para la mujer víctima y ser garante de la legalidad, respeto y derecho al libre acceso a la justicia.

Claramente, la atención integral no está dada sólo por la persona que recibe a la mujer. Se necesitan procesos menos complicados y más cortos para que ésta quiera continuar, porque es entendible la dificultad de su situación. Sin embargo, el primer contacto es justo eso, la primera opción de las mujeres, el primer filtro en el que deciden seguir luchando o abandonar.

Se debe destacar según la CEPAL que, aunque una determinada política origine transformaciones y avances, y en esta medida sea considerada una política justa, permanecen temas pendientes, problemas por resolver y situaciones que deben ser objeto de seguimiento, ya sea para incrementar la eficacia de la política o para determinar la necesidad de políticas adicionales.

Mientras tanto, la invitación es para que todas y todos los que trabajan al servicio de la ciudadanía, se sensibilicen y se capaciten en estos temas, contribuyendo a la erradicación de las estructuras rígidas tradicionales. El logro de mayores niveles de justicia comienza por allí.

 

Mujeres:

La ONU asegura que “las políticas públicas, en la medida en que establecen una obligación de los Estados, son exigibles por parte de la ciudadanía”. Exijan una atención respetuosa, empática y eficiente. Están en su derecho, recuerden que no están solas y que siempre hay otra opción. Cuentan con un derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia.

 

 

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