*Una casa en Tula ya es propiedad federal; fue asegurada durante un mega operativo del 2011 que dio como resultado la detención de varias personas identificadas con el grupo criminal de los zetas.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
La extinción de dominio es una figura jurídica que permite al Estado mexicano apropiarse de bienes vinculados con actividades ilícitas o que son producto de ellas, sin necesidad de compensación al propietario. Este mecanismo opera de manera independiente a cualquier proceso penal y se centra en la relación entre el bien y el delito cometido, más allá de la culpabilidad del dueño.
En México, la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece que esta medida aplica a bienes relacionados con delitos graves, como secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, delitos contra la salud (narcotráfico), robo de vehículos y corrupción. Para que proceda, deben acreditarse ciertos elementos, entre ellos, la existencia de un hecho ilícito y la vinculación directa o indirecta del bien con dicho ilícito.
Letreros de “propiedad federal”
Cuando un inmueble es declarado bajo extinción de dominio, pasa a ser administrado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los letreros de “Propiedad Federal” indican que el proceso ha concluido y que el bien ya pertenece al Estado. En muchos casos, estos inmuebles son subastados o reutilizados para programas sociales, generando recursos que se reinvierten en beneficio público.
Es importante señalar que la extinción de dominio no solo aplica a propiedades cuyos dueños participaron activamente en actividades ilícitas. Si se demuestra que el propietario tenía conocimiento (o debía tenerlo) del uso del inmueble para fines ilegales, puede perder el bien. Por ello, es crucial que los dueños supervisen el uso de sus propiedades, especialmente en casos de arrendamiento, para evitar verse involucrados en procesos legales.
Desde la creación del INDEP en 2019, cientos de bienes han sido transferidos al Estado, incluyendo inmuebles, vehículos, joyas y dinero en efectivo, los cuales son empleados para programas de educación, salud o infraestructura.
Casas de seguridad en Tula
En abril del 2011 los medios estatales y regionales, principalmente, aunque la noticia se dio de igual manera en la prensa nacional, dieron cuenta del desmantelamiento de una célula de “Los Zetas” en Hidalgo: 28 detenidos y aseguramiento de armamento, casas de seguridad y vehículos
En un operativo policial sin precedentes en la región de Tula, Hidalgo, las autoridades estatales lograron la detención de 28 integrantes de la organización criminal “Los Zetas”, vinculados al asesinato del comandante Víctor Peña Pérez mediante un coche bomba. Entre los aseguramientos se encontraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, tres casas de seguridad, vehículos y el centro nocturno “Yulbert”, utilizado como base de operaciones.
En conferencia de prensa, en ese entonces, los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, Fernando Moctezuma Pereda y Damián Canales Mena, junto al procurador de Justicia, Alejandro Straffon, detallaron el operativo realizado entre sábado 16 y domingo 17 de abril del 2011. Durante dos meses de trabajo de inteligencia y vigilancia, se identificaron a los líderes y puntos clave de la organización. El operativo comenzó con 40 agentes encubiertos y se amplió a 250 elementos, sin disparos.
Detenidos y jerarquías
Entre los detenidos destacaron Héctor Hugo Espiricueta Escobar, alias “Comandante Leo”, señalado como líder de la célula en Tula, y su escolta, Juan Carlos Caballero González, alias “El Pay”, quien admitió haber sido comandante de la plaza. Otros integrantes, incluidos sicarios, halcones y supervisores, fueron identificados por las autoridades con nombres y alias. Entre ellos hay hombres y mujeres, algunos menores de edad, que desempeñaban funciones de vigilancia y logística para la organización.
El operativo abarcó puntos clave como los bares “Yulbert” y “Kopa de Oro”, el hotel San Marcos y varias ubicaciones residenciales en Tula y Atotonilco de Tula. Según el secretario de Seguridad Pública, los trabajos de inteligencia permitieron identificar movimientos, jerarquías y recursos del grupo criminal, cuyo poder en la región había disminuido tras el atentado del coche bomba, pero que había retomado actividad delictiva recientemente.
Se aseguró armamento como rifles AR-15, pistolas, granadas, vehículos y drogas. Además, se intervinieron tres casas de seguridad: en el fraccionamiento Las Brisas, la Unidad Habitacional Pemex y Residencial Arboledas. Entre los vehículos confiscados figuran un Jeep Patriot y un Ford Mustang.
Entre las casas de seguridad se encuentra la ubicada en la calle Oriente 9, casa número 8, en la Unidad Habitacional Pemex donde ya se pueden observar letreros que indican que pasó a ser propiedad federal; en las lonas se puede leer la inscripción “Bien inmueble en Administración”, con la advertencia de que la disposición o apoderamiento de este bien sin autorización legal son delitos sancionados por el Código Penal Federal.
Aparece un número de referencia y nada más. Hasta hace algunos años tenía cintas y letreros que indicaban que la casa formaba parte de una investigación. Pero ahora se señala que la casa es propiedad federal. Trascendió que los propietarios aseguraron antes y después que desconocían las actividades ilícitas de sus arrendatarios. Sin embargo, la casa ya está bajo el resguardo del Indep. *NI*