*Justicia efectiva, eficiente y equitativa.
Por Magda Olguín
Después de la aplastante victoria del partido en el poder en las últimas elecciones del pasado 2 de junio, el país debate actualmente una importante reforma Constitucional que el nuevo gobierno de izquierda está considerando y podría implementar.
Al ganar dos tercios de los escaños en el Congreso, el ganador tiene la capacidad de cambiar la constitución como le plazca, de hecho, el partido Movimiento Renovación Nacional (Morena), que inicia su segundo mandato de seis años, se ha convertido este año en un régimen Constitucional. Muy claro.
El partido de López Obrador tiene al menos los próximos tres años para construir un nuevo régimen político que sólo podrá arreglarse con igual poder electoral en el futuro. La preocupación por lo anterior es porque cuando hablamos sobre una reforma de este tipo hablamos también sobre el impacto en la independencia judicial, el equilibrio de poderes, la eficacia de las reformas propuestas y por supuesto las posibles implicaciones políticas.
Se teme, por ejemplo, que pueda resultar en una mayor influencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial. Las modificaciones propuestas podrían socavar la independencia de los jueces y hacer que el sistema judicial esté más sujeto a presiones políticas.
La reforma, por tanto, podría alterar el equilibrio de poderes entre las distintas ramas del gobierno en un intento del ejecutivo para aumentar su control sobre el poder judicial, lo que podría debilitar el sistema de pesos y contrapesos esencial para una democracia saludable. Además de que algunos expertos argumentan que las medidas no abordan adecuadamente los problemas estructurales del sistema judicial y que podrían ser ineficaces o contraproducentes.
Existen sospechas de que las reformas pueden tener motivaciones políticas, destinadas a beneficiar al partido en el poder o a sus aliados. Es hasta normal que la oposición vea a las reformas como una estrategia para consolidar el poder político y limitar su capacidad para desafiar al gobierno.
Hay inquietud sobre cómo las reformas afectarán la transparencia y la rendición de cuentas ya que las propuestas no hacen lo suficiente para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en el sistema judicial, por otro lado, los costos asociados con la implementación de la reforma son demasiado altos, los recursos bien pueden ser utilizados de manera más efectiva en otras áreas.
Sin duda una reforma al Poder Judicial es necesaria, ya que la corrupción es un problema significativo en el sistema. Hay numerosos casos documentados de sobornos, tráfico de influencias y otros actos corruptos que minan la confianza pública en la justicia y favorecen a quienes pueden pagar por veredictos favorables.
La impunidad es otra preocupación crítica. Muchos crímenes no son investigados adecuadamente y no resultan en condenas, lo que contribuye a una percepción generalizada de que el sistema judicial no es capaz de proporcionar justicia efectiva.
El sistema judicial mexicano enfrenta serios problemas de eficiencia. Los casos a menudo sufren retrasos significativos, lo que puede resultar en una justicia tardía, que en muchos casos equivale a una falta de justicia. Esto afecta tanto a víctimas como a acusados que esperan largos períodos para la resolución de sus casos.
El acceso a la justicia es limitado, especialmente para las personas de bajos ingresos y las comunidades marginadas. Los costos elevados, la complejidad de los procedimientos judiciales y la falta de servicios legales accesibles impiden que muchas personas puedan ejercer sus derechos.
Aunque la independencia judicial está garantizada por la constitución, en la práctica hay preocupaciones sobre la influencia política y la falta de autonomía del poder judicial. Esto puede resultar en decisiones judiciales que están políticamente motivadas o influenciadas.
Hay deficiencias en la protección de los derechos humanos dentro del sistema judicial. Casos de tortura, detenciones arbitrarias, y violaciones de derechos humanos no son raros y a menudo no son adecuadamente investigados o sancionados.
La falta de capacitación adecuada y continua para jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales afecta la calidad de las decisiones judiciales. Un sistema judicial efectivo requiere personal altamente capacitado y profesional.
La percepción pública del sistema judicial es generalmente negativa, con una falta de confianza en la capacidad de los tribunales para impartir justicia de manera justa e imparcial. Esta desconfianza socava la legitimidad del sistema judicial.
El sistema judicial mexicano necesita modernizarse y adoptar tecnologías que puedan mejorar la eficiencia y la transparencia. Esto incluye la digitalización de expedientes, la implementación de sistemas de gestión de casos y la posibilidad de realizar audiencias virtuales.
Aunque México ha adoptado un sistema penal acusatorio, su implementación ha sido desigual y enfrenta muchos desafíos. Es necesario fortalecer este sistema para asegurar que sea justo, eficiente y respetuoso de los derechos humanos.
La reforma judicial en México ha sido un tema recurrente en las agendas de diferentes gobiernos y se ha desarrollado en varias etapas y con diferentes enfoques a lo largo de los años. La reforma judicial más reciente y significativa en México, promovida durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene varios componentes clave que deben ser analizados a detalle y que la ciudadanía conozca muy bien de qué trata cada punto que se va a reformar para garantizar que sea un cambio acorde a las necesidades y peticiones de la ciudadanía.
Dada la gravedad y la extensión de los problemas antes mencionados en esta columna, una reforma integral del poder judicial es vista como esencial para mejorar la justicia en México. Esta reforma debería abordar tanto los problemas estructurales como los operativos del sistema judicial para garantizar que sea capaz de proporcionar justicia de manera efectiva, eficiente y equitativa. *NI*