*Si no pueden que renuncien.
El fin de semana pasado nuevamente miles de ciudadanos salieron a las calles en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, en exigencia de paz, seguridad, acciones para localizar a personas desaparecidas y la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya.
Entre los asistentes había familias, menores de edad, integrantes de colectivos de búsqueda, organizaciones y víctimas de la violencia, quienes asistieron vestidos de blanco.
La violencia en Sinaloa ha sido un tema recurrente en la historia reciente del estado. Conocido por ser el epicentro de actividades relacionadas con el narcotráfico, este territorio enfrenta retos considerables en seguridad pública, gobernabilidad y bienestar ciudadano. La situación actual ha generado una profunda preocupación en la población, lo que ha derivado en expresiones sociales como la reciente marcha antes mencionada en la que se exigió que si las autoridades no pueden con el problema simplemente que renuncien.
En los últimos meses la violencia en Sinaloa se ha intensificado debido a enfrentamientos entre grupos delictivos, operativos de seguridad fallidos y una percepción generalizada de impunidad. Las cifras de homicidios, extorsión y secuestros han puesto en evidencia las fallas en las estrategias de seguridad, generando una sensación de vulnerabilidad entre los habitantes. A esto se suma la creciente desconfianza en las autoridades, quienes son acusadas en algunos casos de complicidad o de ser incapaces de garantizar la paz.
Entre las consignas que más se escucharon están “¡Fuera Rocha!” y “¡Con los niños, no!”, en alusión a los menores Gael y Alexander, de 12 y 9 años, quienes murieron a causa de las heridas tras ser atacados a tiros cuando viajaban con su papá, quien también falleció, y su hermano mayor.
Los manifestantes criticaron la falta de resultados de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante la ola de violencia que azota al estado desde el pasado 9 de septiembre, la cual ha dejado, con corte al 15 de enero, al menos 719 asesinatos, 858 personas privadas de la libertad, casi 2 mil 500 vehículos robados, al menos 218 detenidos y 50 abatidos.
Las consignas y pancartas reflejaban un sentir común: la necesidad de un liderazgo que priorice la seguridad y el bienestar colectivo. Por otro lado, el gobernador ha respondido defendiendo las acciones de su administración y atribuyendo algunos de los problemas a las condiciones heredadas de gobiernos anteriores. Sin embargo, esta justificación no ha sido suficiente para calmar las críticas, ya que muchos consideran que el tiempo de su gestión ha sido suficiente para mostrar resultados tangibles.
La marcha también pone de manifiesto el poder de la organización ciudadana en contextos de crisis. La movilización de miles de personas es una prueba de que la sociedad sinaloense no está dispuesta a permanecer en silencio ante la violencia que ha cobrado tantas vidas y ha marcado a generaciones enteras. Además, este tipo de acciones evidencian la necesidad de un diálogo abierto entre el gobierno y la ciudadanía para buscar soluciones integrales y sostenibles.
La reciente intensificación de la violencia se debe, en parte, a los reacomodos en los liderazgos de los principales cárteles, lo que ha generado una lucha por el control territorial. Asimismo, la falta de coordinación entre las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales ha debilitado las estrategias de contención.
El gobernador ha señalado medidas como la implementación de centros de vigilancia con cámaras de seguridad, la capacitación de las fuerzas policiales y programas educativos para jóvenes en comunidades vulnerables. Sin embargo, los resultados han sido limitados debido a la falta de seguimiento adecuado y transparencia en los recursos asignados.
El diálogo entre el gobierno y la ciudadanía podría materializarse a través de mesas de trabajo permanentes con representantes de las organizaciones civiles, expertos en seguridad y familiares de víctimas. Esto permitiría diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades reales del estado.
La violencia en Sinaloa y la marcha que exige la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya son una muestra de la complejidad de los problemas sociales y políticos que enfrenta el estado. Es un llamado urgente a las autoridades para que implementen estrategias efectivas y transparentes que devuelvan la confianza y la tranquilidad a la población. Asimismo, es un recordatorio de que el cambio también depende de la participación de la sociedad en la demanda de un futuro más seguro y justo para todos.
La crisis de violencia en Sinaloa, México, es un reflejo de la situación de inseguridad que vive el país. Es importante destacar que la situación en Sinaloa no es aislada, sino que refleja la crisis de seguridad que vive México en general. Es necesaria una acción coordinada y efectiva por parte de las autoridades para abordar esta crisis y garantizar la seguridad y la justicia para todos los mexicanos… y si no pueden, que renuncien.
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