*La crisis migratoria.
Por Magda Olguín
El momento llegó, Donald Trump ha aprovechado su primer día en la Casa Blanca para trazar el rumbo de su segunda presidencia. El mandatario ha firmado la misma noche del lunes una serie de órdenes ejecutivas que definirán su Gobierno los próximos cuatro años.
Tal como adelantó en su discurso de investidura, una decena de ellas busca “luchar contra la desastrosa invasión de la frontera”. El mandatario ha iniciado el camino legal para eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados, reactivado la construcción del polémico muro con México, decretado la emergencia fronteriza y movilizado a tropas del ejército para frenar la inmigración irregular. Pese a su retórica, la Administración de Joe Biden dejó las cifras de cruces en su punto más bajo en tres años.
La crisis migratoria entre México y Estados Unidos representa uno de los retos más complejos de la región, con implicaciones sociales, políticas y económicas tanto para los países involucrados como para los migrantes. Este fenómeno, lejos de ser nuevo, se ha intensificado en los últimos años debido a conflictos globales, crisis económicas y el cambio climático, que obligan a millones de personas a buscar mejores oportunidades de vida fuera de sus países de origen.
El regreso del programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a tramitar su entrada desde fuera de Estados Unidos, es uno de los puntos más preocupantes para la Administración de Sheinbaum. “No lo compartimos”, sentenció Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, en conferencia de prensa en nuestro país. México teme que se eleve la presión sobre las ciudades fronterizas y las convierta en cuellos de botella para cientos de miles de personas en tránsito a territorio estadounidense.
Y es que, históricamente, México ha sido considerado un país de tránsito para migrantes provenientes de Centro y Sudamérica que buscan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, México también se ha convertido en un destino para muchos migrantes debido a sus oportunidades laborales, aunque limitadas, y su relativa estabilidad en comparación con otros países de la región. Además, ha aumentado la llegada de personas provenientes de lugares tan lejanos como Haití, África y Asia, lo que complica aún más la situación migratoria.
La concentración de migrantes en las fronteras mexicanas, especialmente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, genera tensiones sociales y desafíos logísticos para las autoridades locales. Estas comunidades enfrentan una presión adicional en sus sistemas de salud, educación y seguridad, recursos que ya son limitados. A pesar de los esfuerzos de organizaciones civiles y del gobierno, la capacidad para atender a estos migrantes se ve rebasada constantemente.
Estados Unidos, como destino principal de esta migración, también enfrenta retos significativos. Su política migratoria ha oscilado entre medidas restrictivas, como la construcción de muros fronterizos y el endurecimiento de controles, y programas que buscan atender la situación humanitaria, como los permisos temporales y las solicitudes de asilo. No obstante, estas medidas suelen ser insuficientes frente al volumen de personas que intentan cruzar la frontera.
Las deportaciones masivas generan una carga financiera considerable. Los costos asociados incluyen transporte, personal administrativo y logística. Según estimaciones, repatriar a un solo migrante puede costar entre $5,000 y $10,000 dólares estadounidenses, dependiendo de factores como el lugar de detención y el país de origen del migrante. Esto implica que los gastos totales se disparan cuando se trata de miles o incluso cientos de miles de personas.
Por otro lado, para los migrantes, la situación es especialmente crítica. Muchos de ellos enfrentan riesgos extremos durante su travesía, incluidos accidentes, explotación y violencia por parte de grupos criminales. Además, una vez detenidos, enfrentan condiciones precarias en los centros de detención y la incertidumbre de ser deportados a sus países de origen, donde a menudo les esperan las mismas circunstancias adversas que los llevaron a migrar.
Resolver esta crisis requiere un enfoque integral y coordinado entre México, Estados Unidos y los países de origen de los migrantes. Es esencial invertir en el desarrollo económico y social de las regiones que generan más migración, así como mejorar los procesos de migración legal para reducir la necesidad de recurrir a rutas peligrosas e ilegales. También es crucial garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y mejorar las condiciones en los centros de atención y detención.
Hasta el cierre de esta columna las autoridades mexicanas han optado por la cautela y evitar engancharse tras los decretos que Trump anunció para su primer día en la Casa Blanca, aunque sí se espera una reacción de la presidenta, de acuerdo con un portavoz del Gobierno. “Tenemos la certeza de que vamos a llegar a un acuerdo”, comentó la presidenta frente a la incertidumbre, al tiempo que su Administración ya espera establecer los primeros contactos formales con el equipo del nuevo Gobierno.
Sin duda hoy más que nunca se debe fomentar una narrativa que reconozca las contribuciones de los migrantes a las economías y sociedades de los países receptores, para contrarrestar la xenofobia y la discriminación. La migración, lejos de ser un problema, puede ser una oportunidad si se gestiona de manera adecuada y humana…
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