*Que se detenga la violencia en México.
Por Magda Olguín
Para Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el país está controlado, pese a que el fin de semana seis personas fueron asesinadas en un bar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y otras diez también fueron privadas de la vida en un bar de la ciudad de Querétaro.
Así lo dio a conocer Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, tras una reunión con el secretario en la Cámara de Diputados, en la que les dio a conocer su estrategia de seguridad para combatir el crimen.
La reunión con García Harfuch duró tres horas. Al finalizar, el secretario de Seguridad se retiró sin responder preguntas de los medios de comunicación, mientras Ricardo Monreal aseguró que el funcionario de gobierno dijo a las y los coordinadores parlamentarios que el problema de seguridad del país “está controlado”.
Dejemos el beneficio de la duda, por el momento, al recién nombrado secretario de Seguridad, lo que sí es verdad y se tiene que aceptar para poder generar estrategias claras es que la violencia en México, principalmente vinculada a los cárteles de la droga, es un problema crítico que afecta a todos los sectores de la sociedad.
Este fenómeno, caracterizado por el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, se ha convertido en un desafío de dimensiones internacionales. La lucha por el control del mercado de drogas ilícitas ha generado una espiral de violencia que se manifiesta en asesinatos, desapariciones, extorsión y otros crímenes atroces. Comprender este fenómeno implica analizar sus causas, sus consecuencias y las posibles soluciones que permitan recuperar la paz y la seguridad en el país.
La violencia generada por los cárteles de la droga en México tiene raíces profundas y variadas. No olvidemos que México se encuentra en una posición geográfica estratégica, sirviendo como corredor de tráfico de drogas desde América Latina hacia los Estados Unidos, el mayor mercado consumidor de estupefacientes. La demanda de drogas en Estados Unidos impulsa la producción y tráfico en México, lo que aumenta la violencia entre cárteles que luchan por el control de rutas y territorios.
Por otro lado, la corrupción en diferentes niveles de gobierno y fuerzas de seguridad facilita la operación de los cárteles y es sabido que desde siempre funcionarios corruptos permiten el libre paso de drogas, armas y dinero, debilitando el sistema judicial y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. En algunos casos, los propios funcionarios se encuentran en colusión con el crimen organizado.
La realidad es que en áreas donde la pobreza y la falta de educación son más pronunciadas, los cárteles ofrecen ingresos y “seguridad” que el gobierno no puede proporcionar. Esto atrae a jóvenes y adultos, quienes, sin otra opción de empleo o desarrollo, se ven tentados a unirse al narcotráfico.
La facilidad para adquirir armas, especialmente en la frontera norte con Estados Unidos, donde las leyes de compra y venta de armas son más flexibles, permite que los cárteles se armen de manera sofisticada. Estas armas contribuyen a la escalada de violencia, permitiéndoles desafiar incluso a las fuerzas de seguridad.
En este mismo tenor, hay que destacar que la violencia generada por los cárteles tiene un impacto devastador en la sociedad mexicana, afectando múltiples áreas, cada año, miles de personas pierden la vida debido a la violencia relacionada con el narcotráfico. La cantidad de asesinatos ha alcanzado cifras alarmantes, y muchas de las víctimas son civiles inocentes atrapados en medio de los enfrentamientos.
Muchas personas son secuestradas o desaparecidas, y en algunos casos, sus familias nunca reciben información sobre su paradero. Además, el conflicto obliga a muchas familias a abandonar sus hogares y emigrar en busca de seguridad, generando desplazamientos internos.
Es importante mencionar que la violencia tiene efectos económicos significativos. La inseguridad afecta el turismo, la inversión extranjera y la confianza en el mercado. Las empresas y negocios locales también son víctimas de extorsión y otros crímenes, lo cual afecta la economía de comunidades enteras.
La colusión entre autoridades y cárteles genera una profunda desconfianza hacia las instituciones de justicia y seguridad. Esta percepción erosiona la legitimidad del Estado, debilitando la cohesión social y el respeto hacia el sistema legal.
En otro orden de ideas no se debe minimizar los estragos de la violencia en la salud mental, ya que deja marcas profundas en las relaciones comunitarias. El miedo, la impotencia y el trauma se vuelven comunes, afectando la vida cotidiana y la esperanza de un futuro pacífico para las nuevas generaciones.
La solución al problema de la violencia en México requiere un enfoque integral y multidimensional que abarque desde políticas de seguridad hasta programas sociales y reformas estructurales:
Para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, es necesario fortalecer las instituciones de justicia y seguridad. Esto incluye la formación de cuerpos policiales competentes, medidas de anticorrupción y el establecimiento de mecanismos de vigilancia ciudadana.
Combatir la violencia implica también atender las causas sociales y económicas que fomentan el narcotráfico. Políticas de desarrollo que generen empleo, educación y oportunidades en comunidades vulnerables son fundamentales para reducir el número de personas dispuestas a integrarse a estos grupos delictivos.
La cooperación internacional es esencial en la lucha contra el narcotráfico. La reducción de la demanda de drogas en países consumidores, especialmente Estados Unidos, tendría un impacto significativo. Campañas de prevención y tratamiento en estos países pueden reducir la presión de producción y tráfico en México.
México necesita implementar y fortalecer controles fronterizos más estrictos para frenar el tráfico de armas, especialmente en la frontera con Estados Unidos. Esto requerirá acuerdos y colaboración internacional para reducir el flujo de armas que terminan en manos de los cárteles.
Las estrategias educativas y comunitarias para fomentar una cultura de paz pueden ayudar a reducir la violencia en el largo plazo. Esto incluye la implementación de programas de resolución de conflictos, el fortalecimiento de valores cívicos y la creación de espacios seguros para los jóvenes.
La violencia en México a causa de los cárteles de la droga es un problema complejo que requiere de una voluntad política sólida. No basta con medidas de seguridad o con esfuerzos aislados; es necesario un cambio estructural que involucre a todos los sectores de la sociedad y que cuente con el apoyo de la comunidad internacional. Solo mediante un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá avanzar hacia una México más seguro y libre de la violencia que actualmente lo aqueja.
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