*Ayotzinapa a 10 años: La lucha por la verdad y la justicia sigue viva.
Por Magda Olguín
El 26 de septiembre de 2014, la noche que cambió la historia de México. Ese día, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados y desaparecidos por la policía municipal de Iguala, Guerrero, en colaboración con grupos criminales. Diez años después, la lucha por la verdad y la justicia sigue viva.
Ese día, los estudiantes de Ayotzinapa viajaban en autobuses hacia la ciudad de Chilpancingo para participar en una protesta en contra de la reforma educativa. Sin embargo, su viaje se convirtió en una trampa mortal. La policía municipal de Iguala, bajo las órdenes del alcalde José Luis Abarca, detuvo y entregó a los estudiantes a los grupos criminales.
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una de las pocas instituciones educativas en México dedicadas a formar maestros rurales, con un enfoque en educar a los sectores más marginados de la población.
Las Normales Rurales, con una rica historia de lucha social desde su fundación en la Revolución Mexicana, han sido escenarios de activismo político, sobre todo en temas relacionados con la desigualdad social, la pobreza y los derechos humanos. Los estudiantes de Ayotzinapa, en particular, provenían de comunidades rurales pobres, y su lucha estaba orientada a mejorar las condiciones de vida y educación en sus regiones.
El fatídico día en que los estudiantes desaparecieron, se dirigían a la ciudad de Iguala para participar en una protesta. Lo que sucedió después es motivo de debate y controversia, pero los hechos confirmados revelan un nivel alarmante de violencia estatal, colusión entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, y una estrategia de ocultamiento sistemático de la verdad.
Después de la detención, los estudiantes fueron vistos por última vez en un centro de detención de la policía municipal. A partir de ese momento, su rastro se perdió. Los familiares y amigos de los estudiantes comenzaron a buscarlos, pero las autoridades negaron cualquier participación en su desaparición.
Uno de los momentos más polémicos en el manejo del caso Ayotzinapa fue la llamada “verdad histórica”, presentada por el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, en 2015. Según esta versión oficial, los estudiantes fueron detenidos por la policía municipal de Iguala, entregados a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en un basurero en el municipio de Cocula. Sin embargo, esta narrativa fue rápidamente cuestionada por expertos, periodistas y organismos internacionales, que señalaron inconsistencias y la falta de pruebas contundentes.
La “verdad histórica” fue ampliamente criticada por las familias de las víctimas y la sociedad civil, quienes la consideraron un intento de encubrimiento. Investigaciones posteriores, como las llevadas a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), demostraron que muchas pruebas habían sido manipuladas, y que las autoridades mexicanas no sólo habían fallado en esclarecer los hechos, sino que también habían cometido graves violaciones de derechos humanos en su afán por cerrar el caso.
A pesar de la falta de avances en la investigación, los familiares y amigos de los estudiantes de Ayotzinapa no han cesado en su lucha por la verdad y la justicia. Han realizado numerosas protestas, marchas y acciones legales para exigir la aparición con vida de los estudiantes y el castigo a los responsables.
Uno de los aspectos más conmovedores y persistentes del caso Ayotzinapa ha sido la resistencia y dignidad de los padres de los 43 desaparecidos. Durante una década, estas familias han mantenido una lucha inquebrantable en la búsqueda de justicia, organizando marchas, manifestaciones y manteniendo viva la memoria de sus hijos a pesar del desdén y la indiferencia de las autoridades.
Su lucha ha estado acompañada por una amplia movilización social en México y en el mundo, donde miles de personas han expresado su apoyo a las familias, exigiendo verdad y justicia. El caso de Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la demanda de una transformación profunda del sistema político y judicial mexicano, que hasta ahora ha mostrado ser incapaz de garantizar seguridad y justicia a sus ciudadanos.
En los últimos años, se han logrado algunos avances en la investigación, como la detención de varios funcionarios involucrados en la desaparición y la creación de una Comisión de la Verdad. Sin embargo, la lucha por la justicia sigue enfrentando obstáculos, como la falta de cooperación de las autoridades y la impunidad de los responsables.
A lo largo de los últimos años, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido esfuerzos renovados para esclarecer el caso. Se creó una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y el GIEI regresó a México para continuar con su labor. En 2020, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, anunció avances significativos, incluyendo la emisión de órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército y funcionarios públicos que habrían participado en los hechos.
Sin embargo, los avances han sido lentos y, en muchos casos, frustrantes para las familias. A pesar de nuevas líneas de investigación y la detención de algunos actores clave, la mayoría de los responsables aún no han sido llevados ante la justicia, y los restos de la mayoría de los estudiantes siguen sin ser encontrados. Esto ha dejado una sensación de impunidad que sigue pesando sobre la sociedad mexicana.
El caso Ayotzinapa no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis más amplia en México, marcada por la violencia estructural, la corrupción y la falta de rendición de cuentas. La desaparición de personas, lamentablemente, es una práctica común en el país.
Desde 2006, cuando el gobierno mexicano declaró la guerra contra el narcotráfico, decenas de miles de personas han sido víctimas de desapariciones forzadas. El Estado mexicano ha mostrado una incapacidad sistemática para proteger a sus ciudadanos, y la colusión entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado sigue siendo uno de los principales obstáculos para la justicia.
El caso Ayotzinapa puso de manifiesto estas fallas estructurales. La participación de la policía local, la complicidad de las autoridades estatales y federales, y la inacción del Ejército han creado una narrativa inquietante sobre la fragilidad del estado de derecho en México.
A diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso sigue siendo un recordatorio poderoso de los desafíos que enfrenta México en términos de derechos humanos, justicia y seguridad. La lucha de las familias de los desaparecidos, así como de la sociedad civil, ha mantenido viva la demanda de verdad y justicia, y ha subrayado la importancia de no permitir que la impunidad prevalezca.
Aunque algunos avances se han logrado, queda claro que Ayotzinapa sigue siendo un caso no resuelto, una tragedia que simboliza la profunda crisis de derechos humanos en México. Más allá de los 43, Ayotzinapa es un grito por todas las víctimas de la violencia en el país y un llamado urgente a la acción para construir un futuro más justo y seguro.
Es hora de que las autoridades mexicanas asuman su responsabilidad y trabajen para esclarecer la verdad y castigar a los responsables. Mis redes sociales están abiertas para usted: Magda Olguín en FB y @Malenitaol en IG. *NI*