*El gran reto sin resolver.
Por Magda Olguín
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 61% de la población considera su ciudad como “no segura”, con cifras que superan el 80% en regiones con presencia de cárteles como Colima o Tapachula. De media, México es el cuarto país de Latinoamérica con mayor tasa de homicidios, con un total de 23,3 por cada 100.000 habitantes.
Una de las promesas clave del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando asumió el cargo en 2018 fue desmilitarizar y desmovilizar a las fuerzas de seguridad bajo la llamada política de “abrazos, no balazos”.
La política finalmente fracasó porque no sólo fue vista negativamente por la población donde operaban los criminales, sino que el gobierno no detuvo su violencia a pesar de un enfoque conciliador.
Actualmente, el gobierno no ha abolido la presencia militar de la Defensa Civil mexicana, sino que sólo cambió sus funciones a través de la llamada Guardia Nacional. La incertidumbre sigue siendo un desafío pendiente y continuará más allá de la próxima legislatura.
Con 2 mil 363 asesinatos, junio se convirtió en el segundo mes más violento de 2024, por debajo de mayo que se mantiene en el primer lugar en víctimas de homicidio doloso, en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La inseguridad no ha disminuido. Cada vez más territorios, más municipios y ciudades se encuentran bajo el dominio del narcotráfico, de la delincuencia organizada, sin duda es uno de los principales pendientes: tratar de disminuir los índices de delictivos.
El nuevo gobierno de México enfrenta un desafío significativo en su lucha contra la inseguridad. Este problema ha sido una preocupación constante en el país durante muchos años, y abarca diversas áreas, tales como:
El crimen organizado, en particular los cárteles de la droga, sigue siendo una de las principales amenazas. Estos grupos no sólo están involucrados en el tráfico de drogas, sino también en otras actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas.
La violencia es un problema grave, con altas tasas de homicidios en varias regiones del país. Esta violencia está a menudo vinculada a las disputas entre cárteles, pero también afecta a la población general y a las fuerzas de seguridad.
La corrupción dentro de las fuerzas policiales y del gobierno es otro obstáculo importante. La infiltración del crimen organizado en instituciones estatales debilita los esfuerzos para combatir la inseguridad y genera desconfianza en la ciudadanía.
El sistema judicial y penitenciario enfrenta serias dificultades. La impunidad es alta, con un gran número de delitos que no se investigan ni se castigan adecuadamente. Además, las prisiones están sobrepobladas y muchas veces son controladas por los propios criminales.
Para enfrentar estos desafíos, el nuevo gobierno necesita implementar políticas públicas efectivas y estrategias integrales. Algunas posibles acciones incluyen:
Reforma Policial: Mejorar la capacitación y las condiciones laborales de las fuerzas policiales, así como establecer mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
Fortalecimiento del Estado de Derecho: Asegurar que las instituciones judiciales sean independientes y eficaces, y que los procesos judiciales sean justos y expeditos.
Desarrollo Social y Económico: Abordar las causas subyacentes de la criminalidad, como la pobreza y la falta de oportunidades, mediante programas de desarrollo social y económico.
Colaboración Internacional: Fortalecer la cooperación con otros países, especialmente en áreas de inteligencia y seguridad fronteriza.
Por otro lado, es fundamental fomentar la participación de la sociedad civil en la lucha contra la inseguridad. Las comunidades pueden desempeñar un papel crucial en la prevención del delito y en la promoción de una cultura de legalidad.
El éxito en la lucha contra la inseguridad requerirá un esfuerzo coordinado y sostenido por parte del gobierno, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, y la sociedad en general.
Por último, no debemos olvidar que el tema de inseguridad va ligado al desarrollo y crecimiento económico del país, afectando no solo a las empresas nacionales, sino también la percepción que se tiene de nosotros cara al exterior; de aquí, la importancia y relevancia del tema para el próximo gobierno Federal.
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