*Ante el despido de policías municipales de Tula que no aprobaron las evaluaciones de control y confianza.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
La omisión de interponer un amparo en tiempo y forma ha provocado que el municipio de Tula de Allende enfrente una deuda millonaria por salarios caídos de elementos de Seguridad Pública despedidos entre 2019 y 2022, según se reveló en la más reciente sesión del Ayuntamiento, donde se abordó la situación legal y administrativa de estos casos.
El Tribunal Administrativo del estado de Hidalgo, como autoridad competente para resolver diferencias entre integrantes de los cuerpos de seguridad y sus empleadores, ha emitido sentencias que obligan al municipio a pagar salarios caídos acumulados desde la fecha de despido hasta la actualidad. Esta situación se deriva de la deficiente respuesta inicial de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, instancia encargada de la defensa en estos casos, en lugar de la sindicatura jurídica o la coordinación municipal, explicó el coordinador jurídico Fernando Larios Sánchez.
La problemática radica en que los oficiales despedidos no pasaron los exámenes de control de confianza, requisito indispensable para mantenerse en la corporación. No obstante, la justificación de las bajas se ha complicado debido a que los resultados de estos exámenes no pueden ser entregados por el C3 por razones de confidencialidad, lo que coloca al municipio en desventaja al no contar con los documentos necesarios para su defensa.
Por reformas al Artículo 123 constitucional y la legislación laboral, se establece que los empleadores deben pagar prestaciones y salarios caídos por un máximo de un año. Sin embargo, la falta de un amparo oportuno ha permitido que la deuda siga creciendo hasta alcanzar los 7.4 millones de pesos. De los nueve casos en litigio, las sentencias continúan en ejecución, lo que significa que cada día que pasa aumenta la cifra a pagar.
El recurso necesario para saldar esta deuda provendrá de fondos municipales, lo que podría derivar en una adecuación presupuestal para cumplir con las obligaciones legales. Ante esta situación, las autoridades buscan cerrar las negociaciones lo antes posible para evitar un mayor impacto en las finanzas municipales. Así se explicó y al final se aprobó el cumplimiento de la ejecución de sentencias, por unanimidad. *NI*