*Del canto épico al canto bélico.
Por Claudia Patricia Rodríguez Dorantes
Existe una controversia vigente en torno al auge de los llamados narcocorridos, que ha encendido el debate público sobre los límites entre la libertad de expresión y la promoción de modelos de vida vinculados con el delito.
Hace unas semanas, en un concierto en Jalisco, una agrupación musical proyectó imágenes de un conocido narcotraficante como si se tratara de un homenaje. En contraste, durante la feria de Texcoco, otro cantante se negó a interpretar narcocorridos y parte del público respondió con violencia, llegando incluso a destruir parte del escenario. Ambos hechos, tan distintos, dejan ver el grado de penetración que tiene este fenómeno en distintos sectores de la sociedad.
Frente a esto, surge la pregunta inevitable: ¿qué es lo correcto? ¿Hasta dónde debe llegar la libertad de expresión y en qué momento estamos ante una forma de apología del delito?
Para reflexionar, conviene mirar hacia atrás. En la antigüedad, cuando la mayoría de las personas no sabía leer ni escribir, el conocimiento se transmitía a través de la música y la poesía. Es por eso por lo quetextos como La Ilíada o La Odisea estaban estructurados en cantos: no solo narraban historias, sino que enseñaban valores, formaban a los ciudadanos, ofrecían modelos de conducta y promovían el sentido de justicia y patriotismo entre los griegos.
En este contexto, las canciones no son solo entretenimiento. Tienen un poder simbólico, pedagógico, casi formativo. Si en lugar de transmitir ideales de justicia y honor, se exaltan figuras vinculadas con la violencia y el narcotráfico, se corre el riesgo de que estos personajes sean vistos no solo como normales, sino como admirables o “aspiracionales”.
De ahí la preocupación que existe en torno a la llamada apología del delito, figura jurídica que sanciona la exaltación o justificación pública de conductas delictivas, presentándolas como algo digno de imitación.
Por ello, en estados como Baja California, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Chihuahua y Quintana Roo, se han emitido diversas restricciones a la interpretación de narcocorridos en espectáculos masivos. Es evidente que este tipo de medidas generan una tensión legítima con la libertad de expresión. Sin embargo, también es válido preguntarse si el Estado —en su papel de garante del bienestar colectivo— no tiene también la responsabilidad de orientar el contenido cultural hacia la construcción de una sociedad más justa y menos violenta. No se trata de imponer una censura autoritaria, sino de reconocer el enorme impacto que tiene la música en la forma en que las personas entienden el mundo y deciden a quién admirar.
¿Ustedes qué piensan?
Escríbanme a claurodriguezdor@gmail.com. *NI*