*¿Mal integrada o nunca escuchada?
Por Claudia Patricia Rodríguez Dorantes
Esta semana, la Cámara de Diputados discute un tema que ha captado la atención pública por su contenido político, social y profundamente humano: el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. El debate no es menor, porque está en juego no solo la interpretación de la ley, sino la forma en la que el Estado mexicano decide responder ante una denuncia grave: una tentativa de violación señalada por la propia media hermana del legislador.
Primero hay que aclarar un punto fundamental: el desafuero no es sinónimo de culpabilidad. No implica una condena ni una sanción anticipada. Es un mecanismo constitucional que permite que ciertos servidores públicos, que por su encargo gozan de inmunidad penal, puedan ser procesados como cualquier ciudadano. Lo establece con claridad el artículo 111 de nuestra Constitución: si la Cámara de Diputados declara que hay lugar a proceder penalmente, el servidor público se separa de su cargo y queda a disposición de las autoridades competentes. Si más adelante se determina su inocencia, puede reincorporarse a su función.
Este principio de igualdad ante la ley cobra especial relevancia cuando se trata de casos de violencia de género. Juzgar con perspectiva de género no significa inclinar la balanza hacia un lado, significa reconocer las desigualdades estructurales, los contextos de poder y los patrones culturales que históricamente han hecho más difícil para las mujeres acceder a la justicia. Significa escuchar, sin prejuicios ni estigmas, a quien se atreve a denunciar.
Y en un país donde, de acuerdo con cifras oficiales, más de 10 mujeres son asesinadas cada día, pensar que una denuncia por tentativa de violación puede quedar congelada por una figura como el fuero constitucional, sería ignorar la dimensión del problema. El fuero no fue diseñado para proteger agresores. Fue pensado para proteger las instituciones, no para blindar a los individuos.
El argumento de quienes defienden que no debe retirarse el fuero a Cuauhtémoc Blanco es que la carpeta de investigación está mal integrada.
Hoy más que nunca, la perspectiva de género es una obligación del Estado. Hoy que tenemos por primera vez una mujer presidenta; hoy que existe una Secretaría de Estado creada específicamente para atender los derechos de las mujeres; hoy que hay un grito desesperado por justicia, por ser escuchadas, por no ser ignoradas ni silenciadas, es increíble que la respuesta institucional sea que un expediente está mal integrado. No puede ser esa la excusa para cerrar los ojos y evadir una discusión de fondo: ¿queremos realmente garantizar el acceso a la justicia sin distinciones? Negar el desafuero sería cerrar la puerta a la justicia antes de abrirla. No se trata de condenar sin pruebas, se trata de permitir que la justicia actúe sin obstáculos. Lo contrario sería perpetuar el mensaje de siempre: que hay personas que por su cargo no pueden ser tocadas, ni siquiera por la ley.
Escríbanme a claurodriguezdor@gmail.com. *NI*