*Finalmente la mayoría se impuso para aprobar la minuta del proyecto de decreto.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
La reciente reforma judicial ha generado un amplio debate entre diversos sectores de la sociedad. En el Ayuntamiento de Tula no fue la excepción, dado que en la reciente sesión ordinaria de cabildo se dio la discusión, donde algunas voces expresaron su postura en torno a la modificación constitucional y la elección de magistrados.
Lo anterior al abordar el punto número 8 de la orden del día: “Sanción de la Minuta -4 LXVI con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Hidalgo, en materia de Reforma al Poder Judicial del Estado de Hidalgo, emitida por la LXV1 Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; en cumplimiento al Artículo 158 de la Constitución Política del estado de Hidalgo”.
En las participaciones la regidora independiente María Guadalupe Rodríguez Cruz señaló que existen muchas personas en contra de la reforma y advirtió sobre la posibilidad de que el candidato con mayor capacidad económica pueda resultar electo. Ante esto, Aranza Paola Ramírez Sánchez solicitó una explicación más detallada del punto, mientras que Alfonso Rodríguez Fuentes destacó que antes los magistrados eran designados por el gobernador o presidente, pero ahora podrán ser votados.
Por su parte, Germán Rodríguez Gómez enfatizó que será el pueblo quien elija a los magistrados, mientras que Edgar Zuriel Reséndiz Sánchez cuestionó la metodología de la votación. En tanto que Carlos Alberto González subrayó la importancia del debate, señalando que la discusión de la reforma enriquece el proceso democrático y permite la participación en decisiones clave.
En una segunda participación Alfonso Rodríguez consideró que la reforma es perfectible y podría convertirse en un referente para otros países. Y en cuanto al comentario respecto a que el gobierno en el poder pugnó por la desaparición del INE, recordó que se le redujeron los recursos al Instituto y se disminuyó su personal.
Por su parte, Noe Paredes Meza alertó sobre el posible despilfarro de dinero en campañas y la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Según su opinión, la actual administración también mantiene estructuras de poder con los programas sociales y señaló que en el proceso de selección de magistrados no observó ciudadanos independientes, sino personas cercanas a grupos en el poder.
Varios participantes coincidieron en que la reforma se aprobó apresuradamente en el Congreso, sin el debido análisis y en un tiempo reducido. Paredes Meza insistió en que la corrupción sigue siendo un problema dentro de la estructura política y judicial, mientras que Alfonso Rodríguez, con quien se dio el debate, mencionó la necesidad de corregir errores en la implementación de la reforma. También hizo referencia a la situación del crimen organizado, recordando el caso de Genaro García Luna y la liberación de 74 capos por parte de jueces.
El debate concluyó con un reconocimiento general sobre la necesidad de ajustes en la reforma judicial, pero con críticas a la forma en que fue aprobada. En la votación final, Edgar Zuriel Reséndiz, Noe Paredes, María Guadalupe Rodríguez e Ariadna Ivonne Ponce Sobrevilla se abstuvieron, mientras que la reforma obtuvo 18 votos a favor. *NI*