Por Miguel Ángeles Arroyo
Cada 17 de octubre, conmemoramos el derecho al voto de las mujeres, cuando se reconoció que ellas podían votar a nivel federal, pero también participar para ser elegidas candidatas a un puesto popular.
Algunos miembros de partidos políticos, como los del Partido Acción Nacional (PAN), decían que no era útil reconocer el derecho al voto de las mujeres porque si sus esposos o sus padres votaban, entonces se asumía que todas las familias optaban por un mismo partido.
En 1947 se otorgó el derecho al voto a las mujeres únicamente a nivel municipal porque había el temor de que en México la fuerza conservadora rigiera sus votos y también se creía que no tenían autonomía porque estaban influenciadas por la religión debido a su supuesta cercanía con la Iglesia.
El 12 de febrero de 1947 se consigna en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la participación de las mujeres como votantes y como candidatas, y es hasta el 17 de octubre de 1953 –en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines– cuando se estableció como un sufragio universal. Para lograrlo se necesitó la intervención de muchas mujeres que desde el sexenio de Cárdenas solicitaron su derecho al voto.
En ese sentido el feminismo es clave para la articulación y lucha política de estas demandas, así como para la forma en que las mujeres crean un proyecto político común que lleva a la consecución de derechos políticos.
Después de que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas existió una resistencia ideológica regida por los estereotipos de género, la legislación no se acompañó por una política pública que sensibilizara o que repercutiera en puestos.
A pesar de que las mujeres adquirieron el derecho al sufragio, esto no garantizó su acceso pleno a los espacios de toma de decisiones.
En el año 2000 ya eran una obligación y desde el año 2014 se cuenta con paridad de género en las elecciones, al principio las acciones afirmativas, como la cuota de género, eran recomendaciones que ningún partido efectuaba, por lo que se tuvo que cambiar nuevamente la legislación para obligar a que se llevara a cabo.
Si revisamos el número de mujeres que están en cargos públicos, tanto de elección popular como de no elección popular, encontramos una diferencia entre lo que sucedía en nuestro país hace 70 años y en la actualidad. Se ha obligado a los partidos a postular el 50 % de candidatas mujeres y el otro 50 % de hombres a cargos de elección popular”, analiza la investigadora.
Cifras estadísticas del INE muestran que en el 2014 el Congreso de la Unión estaba representado por 254 mujeres y 374 hombres mientras que en la actualidad las cifras apuntan que hay un congreso paritario, pues el 50 % lo representan mujeres y el otro 50 % son varones. Además, las diputaciones locales en aquel año estaban representadas por el 26 % de ellas y ahora son el 54 %. De igual manera, en ese año habían 7 % de alcaldesas y presidentas municipales y actualmente suman el 29 %.
Lo que está sucediendo en México es un avance cualitativo por encima de muchas naciones, a pesar de que, hasta ahora, ninguna mujer ha ganado la presidencia.
En días pasados, el INE aprobó el procedimiento para garantizar el principio de la paridad de género, por lo que partidos políticos -de manera individual, en coalición o candidatura común- deberán postular al menos cinco mujeres en las nueve entidades en donde se renovarán las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en los Procesos Electorales Locales 2023-2024; en el cual refrenda el compromiso con la participación política de las mujeres y propiciar la inclusión en un número mayor de gubernaturas.
La ley se ha adaptado de acuerdo con los fenómenos que se han dado con el paso de los años, para garantizar el derecho de las mujeres a su participación política. Hoy vemos que pudiera darse la oportunidad de que en Municipios donde no ha gobernado mujeres, se pueda obligar a los partidos políticos a postular mujeres en esos territorios. *NI*