*Escuelas sin comida chatarra: un paso importante para la salud infantil.
La prohibición para la venta de «comida chatarra» -alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alto contenido de azúcar, grasa y sodio- en los todos los niveles educativos, desde la educación básica hasta la superior entró en vigencia a partir del sábado 29 de marzo.
De esta manera, entran en vigor los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, distribución y expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación dentro de las escuelas.
Las acciones de esta estrategia tienen cuatro puntos fundamentales: impedir la venta de alimentos ultraprocesados en espacios escolares; promover el consumo de agua natural en las escuelas; generar buenas prácticas en alimentación y promover la actividad deportiva.
Y es que, mejorar la alimentación de los infantes, es un acto aparentemente simple, cotidiano y doméstico —el de comer bien o mal desde pequeños— define no sólo el futuro biológico de un individuo, sino la salud pública de toda una generación.
Por eso, la decisión del gobierno de eliminar la comida chatarra de las escuelas no es una ocurrencia ni un gesto de corrección política: es una necesidad urgente que, de aplicarse de forma seria, podría ser uno de los mayores legados sociales.
El problema es que, durante las últimas décadas, lo que se ha vuelto la norma en los entornos escolares no es el nopal ni el agua de jamaica, sino las papas fritas, los pastelillos envueltos en plástico, los jugos con jarabe de maíz, los refrescos azucarados y la sal en exceso.
Por eso resulta imprescindible, aunque no suficiente, la medida del actual gobierno de prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas.
Sin embargo, como suele suceder en México, el paso de la intención al hecho concreto es un terreno minado por la inercia burocrática, la falta de voluntad en los estados y municipios, y la ausencia de políticas integrales que acompañen la medida.
Entonces es aquí donde las autoridades municipales se encuentran ante el reto de regular los comercios informales y los que están dentro de las escuelas pues, tiene que haber un acuerdo entre autoridades municipales y las autoridades escolares, ya que no se tiene una normativa o regulación de lo que puedan comprar los alumnos al ingresar o salir de su turno escolar.
Porque no basta con prohibir. Hay que ofrecer alternativas, hay que educar, hay que modificar el entorno escolar y comunitario.
Luego entonces, el Municipio deberá ofrecer capacitación, apoyos económicos y esquemas de acompañamiento a quienes cumplen con esta función de ofrecer alimentos en las escuelas. De otro modo, la política pública se vuelve punitiva y no transformadora. De los Gansitos y los Doritos, debemos regresar a los sopes, a los tacos dorados, a las quesadillas con masa hecha a mano, a las aguas frescas con fruta de verdad.
Porque promover la comida tradicional mexicana en las escuelas no solo mejora la salud de los niños: también reactiva las cadenas de producción locales, fortalece a las familias productoras, impulsa el comercio justo y recupera una identidad alimentaria que está siendo arrasada por la lógica de la procesadora industrial.
Por eso, el discurso político debe ir acompañado de acciones concretas: comedores escolares con alimentos frescos, subsidios a productos saludables, campañas de alfabetización alimentaria, impulso a la agricultura urbana, mercados locales en las colonias, y una alianza real entre la Dirección de Educación y Cultura, la Dirección de Salud y la de Desarrollo Agropecuario.
Una buena intención sin apoyo desde los municipios y sin enfoque estructural puede terminar como muchas otras reformas: muerta en el papel, ignorada en la práctica, desdibujada por la rutina.
En este sentido, hay que reconocer que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada y a disponer de alimentos para su consumo diario, de calidad nutricional, de acuerdo con su contexto cultural sin que ello dificulte el goce de otros derechos humanos. Por lo tanto, reducir la mala nutrición desde las aulas, es un tema de prioridad nacional que compete no solo a los Gobierno y a las familias que tienen niñas y niños, sino también a las empresas, sociedad civil y a cada uno de nosotros. *NI*