*Políticas públicas con transversalidad.
Por Miguel Angeles Arroyo
MENSAJE DE MIGUEL ANGELES ARROYO, REGIDOR MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE. PERIODO 2020- 2024. DURANTE LA SEGUNDA REUNIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS SOBRE ESTUDIOS DE DISCAPACIDAD.
CPMDHAPD/010/2023
Políticas públicas con transversalidad.
En la actualidad, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar resultados sociales adversos, como menos educación, resultados de salud más deficientes, menores niveles de empleo y mayores tasas de pobreza.
En el diseño de políticas públicas se debe tener plenamente considerados a los grupos sociales históricamente aislados y que tienden a ser vulnerables: niños, mujeres y principalmente personas con discapacidad, etc.
Por tal motivo, desde el municipio, se debe dar a la tarea de implementar políticas públicas para combatir la discriminación en contra de estos sectores de la población, proteger y garantizar sus derechos humanos, sin que esto implique dar un trato desfavorable o diferenciado a los hombres, ya que la protección de los derechos de todas las personas debe ser acorde con los principios de igualdad y no discriminación.
De tal manera, se deben crear políticas públicas incluyentes, equitativas, interculturales y con perspectiva de género. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 tiene como uno de sus doce ejes rectores “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera” (SEGOB, 2019). Así, se propone un modelo de desarrollo orientado a cerrar las desigualdades, reconociendo las singularidades económicas y regionales de todos los actores sociales.
En primer lugar, todas las políticas públicas deben estar orientadas a reconocer las obligaciones de los derechos humanos, así como las garantías de derecho que la Constitución establece. En este sentido, las condiciones de desigualdad y discriminación son uno de los principales impedimentos para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Por ello, el Estado debe incorporar en sus acciones el principio de universalidad a fin de que sean reconocidos los derechos humanos de todas las personas.
En esta ocasión, presentamos un ejercicio estadístico y de opinión algunas Personas con Discapacidad, que se recogieron el 11 de mayo durante el proceso de credencialización para personas con discapacidad en el CRITH Región Tula, y que explica de las condiciones de vida bastante complejas y difíciles, porque al no existir una infraestructura adecuada y una política pública al respeto a sus derechos, aún se les discrimina y excluye.
El propósito de los resultados es mostrar que no se protege y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
El documento retoma una perspectiva: la discapacidad no está en las personas, sino en las barreras que impone la sociedad, en la mala planeación de la las obras públicas y en los obstáculos de la atención y el entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Por lo que, a fin de realizar un adecuado diagnóstico de las necesidades de la población, se debe contar con información que permita sistematizar las distintas etapas de aplicación de las políticas a implementar.
Así, la incorporación de enfoques transversales implica que los funcionarios públicos realicen un mayor esfuerzo, desde el momento del planteamiento como en la implementación de las estrategias a desarrollar. Si el diagnóstico y las estrategias son correctas, se empoderará a las personas que históricamente han sido relegadas y cuyas condiciones de vulnerabilidad se han convertido en exclusiones, que sin la acción gubernamental serían difíciles de superar.
Se deben desarrollar esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno para la atención de objetivos específicos, para poder alinear las políticas nacionales con los objetivos planteados por instancias internacionales (ONU, CEPAL, OCDE, CIDH), coincidiendo de forma estratégica en su consecución.
Aunado a lo anterior se deberán diseñar un programa municipal que considere la inclusión de las personas con discapacidad que considere la inclusión, la movilidad y la accesibilidad; realizar y actualizar un diagnóstico municipal que permita identificar la situación de las personas con discapacidad en el municipio.
De tal forma, la transversalidad, la intersectorialidad y la integralidad rendirán frutos, pero en esta ocasión no solo para los promedios, sino también para las personas que por sus condiciones de vulnerabilidad experimentan brechas y rezagos.
Se necesita concientizar y educar a los Servidores Públicos Municipales sobre el respeto a los derechos humanos de estas personas. Al presentar esta información se busca que el tema sea colocado en la opinión pública para lograr los objetivos con mayor desarrollo humano. *NI*