*Austeridad republicana para el próximo año.
Poco a poco se va perfilando el estilo de gobernar en los diferentes municipios del Estado de Hidalgo; en su mayoría gobiernos municipales etiquetado bajo la ideología de izquierda, feministas, humanistas y con proclividad, como lo ha reiterado, a seguir con el empeño de construir el segundo piso de la transformación.
Depende de las filias y fobias de cada uno o de una muy personal forma de ver el contexto general, dependiendo del color del cristal con que se mira, pero lo que no se duda es que desde la integración de sus Planes Municipales de Desarrollo se han concretado compromisos que permitirán organizar el trabajo de la administración pública municipal y también para inducir y concertar actividades con los grupos y organizaciones interesados en contribuir al desarrollo del municipio.
Em Tula de Allende, tanto la etapa de análisis preliminar, así como la de diagnóstico de la problemática dejaron mucha incertidumbre pues carecieron de representatividad, validez, pero sobre todo de ignorancia e identidad política.
Máxime si no hubo claridad con los gastos obtenidos por Recursos Propios que la fecha no hay claridad de su uso ni mucho menos alguna carga positiva en favor de la ciudadanía.
En este sentido, pues resultaría extraño que la Administración Municipal no ofreciera apoyos a sectores de la población vulnerables ni mejoras en la atención a ciudadanos.
La realidad es que la progresividad de los Derechos Humanos ha perdido vigencia en esta Administración, hay que recordar que la demanda más sentida de los vecinos es la seguridad pública y ello conlleva, entre otras acciones el respeto a la vida, siempre se ha pensado en la indumentaria y movilidad, pero sea descuidado pagarles mejor y profesionalización, entre otras acciones que representan un gasto relevante.
Todo cuesta; no hay que olvidar que cualquier promesa de los políticos que no venga acompañada del soporte presupuestal etiquetado, queda tan solo en pura demagogia.
Hay voces que señalan que sería mejor que la nueva administración escogiera con exactitud qué acciones de gobierno va a emprender, o cuáles nuevas obras de infraestructura va a impulsar, para focalizar y maximizar los recursos públicos.
Para ello, se debería empezar por ordenar las finanzas públicas aplicando la “Austeridad Republicana”. Desde la emisión de la Ley Federal de Austeridad Republicana en el 2019, el sector público ha enfrentado una disminución del gasto sin precedentes en algunos rubros.
La Austeridad Republicana es entendida como una conducta que todos los poderes y órganos autónomos deben acatar para “lograr combatir la desigualdad social, la corrupción y el despilfarro de bienes a través de una administración eficiente y transparente de los recursos públicos”.
Valdría la pena una actualización de las áreas de Tesorería, Adquisiciones y otros directores de área para que sepan de la prohibición de comprar activos y de los alcances de esta Ley en los capítulos 1100, 2100, 2200, 3200, 3600; buscando así establecer el principio de austeridad a efecto de que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente.
Misma que faculta que sea obligatoria para todos los poderes, órdenes de gobierno y autoridades del Estado mexicano, sin excepción y que también prohíbe la adquisición de bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público, y también permite eliminar cualquier tipo de privilegio que sea pagado con recursos públicos.
Lo anterior, ha permitido liberar fondos al acabar con privilegios y gastos superfluos, aun cuando en los municipios todavía existen autoridades se resisten a aplicar estos principios, escudándose en la división de poderes y en la autonomía municipal. *NI*