*El debate presidencial y los derechos humanos.
El pasado domingo 7 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) celebró el Primer Debate Presidencial del Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024.
Este ejercicio democrático, de cara a la ciudadanía, se llevó a cabo por primera vez en el Salón de Sesiones del Consejo General, por primera ocasión, la ciudadanía (incluso las personas mayores de 13 años) participó proporcionando sus preguntas por medio de las redes socio-digitales y plataformas digitales, para ser formuladas por las personas moderadoras.
Luego de este ejercicio, como ciudadanas y ciudadanos, ¿nos sentimos con mejor información respecto de sus propuestas y con más elementos para valorar su propósito?
Desde la Comisión Municipal de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad (CMDHAPD) vimos el debate para tratar de conocer qué tanto la perspectiva de derechos humanos estuvo presente en las propuestas de quienes aspiran a la presidencia.
A lo largo del debate se mencionó el término derechos humanos en nueve ocasiones. Se dijo, por ejemplo, que la educación es un derecho; se mencionó que se está comprometido con los derechos de algún grupo social, o que las propuestas de las candidaturas atenderán algún derecho en términos muy generales, pero no más.
La reforma constitucional de derechos humanos del 2011 no parece que haya logrado permear la política y el quehacer gubernamental de manera que los derechos humanos se conviertan en la guía de las políticas públicas, en un parámetro de la distribución de los recursos públicos, ni tampoco que la garantía del cumplimiento de los derechos humanos sea considerada como indicador de éxito del desempeño gubernamental.
Los derechos humanos no aparecieron en primer plano en el debate, pero tampoco se destacan en las propuestas de las candidatas, en algunos intercambios con personas de sus equipos manifiestan que los derechos son parte de la seguridad o la justicia, o bien que son un tema transversal; lo que tiene como consecuencia que los colocan en un plano de poca relevancia. Excepto en el tema de la educación, la candidata Sheinbaum expresó que se trata de un derecho.
El debate tampoco permitió tener una idea precisa de las propuestas y en algunos casos puso en evidencia que prácticamente no hay propuestas, como sucedió con la atención a la violencia en contra las mujeres. Por ejemplo, se preguntó qué proponían para disminuir la violencia en contra de las mujeres y las respuestas se circunscribieron a generalidades.
En el caso de corrupción tampoco encontramos muchas novedades. Claudia Sheinbaum repitió su propuesta como la creación de la Agencia Nacional de Anticorrupción, en tanto que Xóchitl Gálvez insistió en que se nombre ciudadanos sin partido y honorables para encabezar las instituciones anticorrupción.
Vale la pena señalar que el formato contribuye a las generalidades y la superficialidad. Demasiadas preguntas y 40 segundos para responder, en algunos casos propicia la dispersión y respuestas vagas.
Desde la perspectiva ciudadana el debate no permite formarse una mejor opinión respecto de las propuestas, tampoco contribuye al contraste entre las propuestas y lo que si propicia son las acusaciones y descalificaciones. Los debates, sin negar su importancia para la democracia, en la práctica son de poca utilidad para las personas que van a votar.
En tanto que como instancia municipal auxiliar en la toma de decisiones con la promoción, defensa y protección de los derechos humanos constatamos la enorme brecha existente para que el Estado se organice para garantizar todos los derechos a todas las personas.
Por tanto, es indispensable vigilar y analizar las iniciativas que cada candidata/candidato emita, no sólo en materia de derechos humanos. *NI*