*El director de la primaria Justo Sierra de Progreso de Obregón; tampoco la presidenta del comité de padres de familia y en general la SEPH no le ha dado solución.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
PROGRESO DE OBREGÓN, Hgo. – Desde el 12 de octubre del año pasado ha peregrinado en busca de que se respete la concesión que obtuvo del concurso para la venta de alimentos dentro de la escuela primaria Justo Sierra (CCT: 13DPR1059G, ubicada en este municipio. Se trata de Isabel Flores Canales, quien atendió la convocatoria de Otorgamiento de Permiso para la Instalación de un Establecimiento de Consumo Escolar, pero a pesar de que pagó lo requerido continúa sin poder entrar al plantel para hacer uso de la cooperativa.
Flores Canales con la seguridad de poder hacerse cargo de una tienda escolar primero buscó, en julio del 2023, la oportunidad directamente en el plantel que es dirigido por José Luis Escamilla López. Como respuesta le dijo que lo consultaría con el comité de padres de familia y posteriormente le comentó que acudiera después del 15 de septiembre, fecha de conclusión del contrato del entonces actual proveedor. Sin embargo, ya no le llamaron para darle seguimiento a su solicitud de participar en el proceso de elección para la tienda escolar.
Posteriormente se publicó en el portal de Gobierno del Estado de Hidalgo la convocatoria 02/2023 para el Otorgamiento de Permiso para la Instalación de un Establecimiento de Consumo Escolar, donde se encontraba la opción de la escuela primaria Justo Sierra y por ello decidió participar, ya que en la convocatoria 01/2023 no fue seleccionada para otra institución y quería intentarlo nuevamente.
En esta ocasión el resultado resultó a su favor y se comunicó a la Dirección de Establecimientos de Consumo Escolar, donde le pidieron que esperara indicaciones para el seguimiento del proceso, pero le sugirieron que fuera a la Dirección de la escuela a presentarse y dar aviso al director del resultado. Así lo hizo el 6 de octubre y le pidió a José Luis Escamilla que le avisara al vendedor elegido por el comité de padres de familia que desocupara la instalación.
El director de la primaria no tomó con agrado la noticia y le solicitó el permiso expedido por la Dirección de Establecimiento de Consumo Escolar, que ella aún no tenía, pero se comprometió a enviársela en cuanto se la entregaran. José Luis Escamilla no le permitió ese día ingresar a las instalaciones para conocer el espacio ni tampoco le avisó al vendedor que desocupara el lugar.
Celebraron un contrato sin una junta general
Isabel Flores sabe que el comité de padres de familia, dirigido por Ofelia Bautista Martínez, al estar enterados de que la SEPH envió a un permisionario, sin una junta general de por medio y con solo algunos integrantes, celebró un contrato con la persona que ahora vende vendiendo en la escuela, el señor Hugo Soberanes, quien lleva dos años operando la tienda de manera personal y ocho anteriores en equipo con su entonces esposa; es decir, lleva 10 años laborando en esa escuela.
La quejosa asegura que Ofelia Bautista Martínez para convencer a parte del comité a negarse al programa, ha argumentado una serie de opiniones de su trabajo que evidentemente desconoce. El 12 de octubre del 2023, pagó el otorgamiento y recibió su permiso en la Dirección de Establecimientos de Consumo Escolar, documento que envió al director José Luis Escamilla López vía WhatsApp y le sugirió que el vendedor terminara la semana, pero que después desocupara para poder ella acondicionar el espacio.
El director ignoró sus mensajes y la tesorera del comité de padres le expresó: “iremos a la SEPH, puesto que nosotros no trabajamos con tiendas escolares y cancelaremos el permiso. Ni el director, ni los padres de familia queremos que la SEPH envié permisionario”. El 13 de octubre por fin localizó a Jesús Escamilla y le hizo entrega de los permisos, mismos que el director recibió y selló, pero le advirtió que la decisión de dejarla trabajar era del comité de padres de familia.
La permisionaria se sintió amenazada
Incluso, el director aseveró que la SEPH no le había comunicado sobre este nuevo proceso. Y cuando ella mostró decisión de entrar al plantel le advirtió de nuevo que “es una propiedad federal y pueden existir penalizaciones, es un municipio muy, muy interesante, ha hechos cosas y puede haber cosas, nada más es cosa de que se toquen y puede haber consecuencias”. Estas palabras pueden ser de advertencia o amenazas, considera Isabel Flores.
De todas formas, continuó con hacerles saber en el comité de padres de familia sobre su permiso, pero la presidenta de este, Ofelia Bautista Martínez, le expresó que no estaban de acuerdo porque ya habían firmado un contrato con Hugo, quien depositó 18 mil pesos. Defienden, dijo, la autonomía de la escuela, así como la decisión de no pertenecer al programa de tiendas escolares. Ante esta respuesta acudió a la Dirección de Tiendas Escolares y el maestro Geovanni Ordaz Zapata le aseguró que habría una solución.
La canalizó con el enlace que se encuentra en Tula, el profesor Merced (cuyo apellido desconoce) y éste dijo que se reuniría con el director del plantel el 18 de octubre del 2023, por lo que Isabel Flores se comunicó antes con algunos integrantes de los comités de padres y de Participación Social, para pedirles que la apoyaran, pero le respondieron que Ofelia Bautista Martínez había hecho comentarios negativos de su persona. Otro le dijo que no había sido convocado a la reunión.
Finalmente, el resultado de esa reunión fue negativa porque la postura de ambos comités era de no aceptar, al menos por este ciclo escolar, el programa y que para el siguiente 2024-2025 estarían dispuestos a permitir el ingreso del permisionario que enviara la SEPH. La decisión le pareció manipulada, por lo que el 19 de octubre del 2023, regresó a la Dirección de Establecimientos de Consumo Escolar, donde le informaron que pasarían su caso a comisión y que, en caso de no resolverse a su favor, no podrían reembolsar lo que ella ya pagó.
El no reembolso le parece injusto a la quejosa, pues ella no renunció a su permiso, sino que es el comité de padres, respaldado por el director, el que se opone a darle acceso al plantel. Por temor a no tener estabilidad económica, laboral, emocional, personal y familiar, ya afectadas por esta situación, acudió a la Contraloría y ahí le recomendaron acudir con el Órgano Interno de la SEPH para dialogar, porque también firmó un pagaré para liquidar el 50% restante del otorgamiento.
Del Órgano Interno a Recursos Materiales
Del Órgano Interno la enviaron a Recursos Materiales, de donde la canalizaron a Tiendas Escolares. Ahora les hizo saber sobre su preocupación por el pagaré que tiene una vigencia y también por su disposición sobre una reubicación, ya que solo desea que le den la oportunidad de trabajar.
Nuevamente enviaron el caso a la Comisión. Ahora les pidió que no fuera ella la que estuviera preguntando de cómo va el asunto, sino que en verdad le informaran los avances. Aclaró que su enlace en Tula y todos los que laboran en la Dirección de Establecimientos de Consumo Escolar, siempre han sido muy amables y respetuosos. Por lo que señala que es el Comité de Padres de Familia el que parece que obtiene un beneficio económico, porque han permitido que se convierte en un monopolio a favor de Hugo Soberanes, su esposa y su familia política; desde hace dos años la maneja él solo y según rumores tiene relación cercana con un integrante del comité de padres de familia
Sabe que la cuota que da Hugo Soberanes es de 850 pesos diarios y al parecer no se reporta en el corte de caja. Esto pareciera ser el fondo de la negación al programa de Tiendas Escolares, con el que habría más transparencia. Desde el 20 de octubre del 2023 y hasta el día 2 de enero del presente año, ha enviado correos al secretario de Educación Natividad Castrejón Valdez, a Dennise Maldonado Hernández, al Mtro. Geovanni Ordaz Zapata y a la Mtra. Maricarmen Margarita Mandujano Cerrilla, con la finalidad de que le informen sobre su caso.
El 26 de octubre del 2023 le contestó la subdirectora administrativa Lorena Chávez Oviedo, para decirle que el 30 o el 31 de octubre tendría la junta la comisión para darle solución. Pero fue mentira, ya que el 21 de noviembre se presentó en su domicilio personal del área jurídica de Establecimientos de Consumo Escolar, con un oficio en donde le repetían lo que ya le habían dicho.
Pese a los correos enviados incluso al propio gobernador, no le han dado respuesta favorable para una solución o un posible seguimiento de su caso, porque terminan por enviarla a Establecimientos de Consumo Escolar. Se siente decepcionada por lo sucedido porque tiene familia, hijos y un hogar que mantener, además de que se siente violentada y atropellada a sus derechos que describe la Constitución Mexicana. Dejó a varias personas sin empleo por no poder operar la tienda escolar.
El director José Luis Escamilla y el intendente Noel de Anda Olguín evitaron que repartiera volantes en diciembre, para dar a conocer todo lo que le ha pasado. Pareciera, dijo, que tienen miedo de que se informe lo que han hecho junto con la presidenta del Comité de Padres de Familia. La desesperación la agobia al no tener empleo y haber pagado el otorgamiento hace meses en Dirección de Establecimientos de Consumo Escolar, ya que, al mismo tiempo de haber resultado seleccionada en la convocatoria, canceló con laboratorios farmacéuticos algunas entrevistas laborales.
Tuvo que salir a la calle a vender
Decidió ser vendedora ambulante ofreciendo desayunos escolares, no solo afuera de la escuela primaria que la rechazó sino también de otras escuelas y para darle mayor difusión, ha publicado en la plataforma social de Facebook su producto, con un texto en el que menciona la negativa del director. Situación que ha desencadenado que han orquestado una campaña para que los padres de familia no le compren.
Cuenta con el permiso del municipio para vender en la vía pública porque tiene derecho a trabajar para sus hijos, pero también a ser escuchada y atendida porque le asiste la razón. Obtuvo un permiso que no le fue respetado ni tampoco consideraron que ella ahorró el dinero que aportó para ser beneficiada. “Pagué el otorgamiento porque creí estar haciendo un trato con una institución responsable y me di cuenta de que solo fui su burla”, expresó.
“Temo a todas las consecuencias negativas que esto me ha traído desde el 12 de octubre del 2023 que firmé y pagué mi otorgamiento, causando impacto económico, personal, moral, familiar, laboral y de tiempo a mí, a mi familia y a mis empleados. Se han violado mis derechos y me siento totalmente vulnerable, invertí todo mi capital en trámites personales y de mis empleados, pago de otorgamiento, equipo, materia prima, etc.”, agregó.
Ya le planteó a la Dirección de Establecimientos de Consumo Escolar que no se opone a una reubicación, claramente dentro del municipio de Progreso de Obregón o municipios aledaños. Que le aseguren al 100% que para el ciclo 2024-2025 tendrá el acceso a la institución y que el dinero que depositó se quede para ese siguiente ciclo. O en su defecto la devolución inmediata del aporte económico, Aunque también dice merecer un pago de daños y perjuicios desde el 12 de octubre del 2023 a la fecha, destacó la licenciada en Enfermería Isabel Flores Canales. *NI*