“Culiacanazo”: reseña.
Por Magda Olguín.
La serie documental Culiacanazo, producida por Max, ofrece una mirada intensa y profunda al operativo fallido del 17 de octubre de 2019, cuando fuerzas mexicanas capturaron brevemente a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Más que una simple narración de hechos, el documental revela las capas de complicidad, violencia y estrategia política que subyacen al conflicto del narcotráfico en México. Pero para entender plenamente lo que ocurrió —y sigue ocurriendo—, es esencial mirar más allá de las fronteras mexicanas. El fenómeno del narcotráfico, especialmente en su fase más reciente relacionada con el fentanilo, es el resultado de una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos.
El documental evidencia cómo los cárteles mexicanos, y particularmente el Cártel de Sinaloa, han logrado construir redes trasnacionales para traficar drogas, principalmente hacia Estados Unidos, el mayor mercado de consumo de estupefacientes del mundo. Esta dinámica ha persistido durante décadas, pero se ha intensificado con la irrupción del fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína. Su fácil fabricación y altísima rentabilidad lo han convertido en una prioridad para los cárteles y una pesadilla para las autoridades de ambos países.
En este contexto, la serie pone en evidencia que no se trata únicamente de un problema de seguridad mexicano. Estados Unidos, con su altísima demanda de drogas y la permisividad en el comercio de precursores químicos, así como la laxitud en el control de armas que llegan ilegalmente a México, contribuye de forma significativa a la perpetuación del narcotráfico. La frontera entre ambos países se convierte en un punto de cruce doble: las drogas van hacia el norte y las armas hacia el sur.
En el corazón del Cártel de Sinaloa conviven dos facciones que reflejan tanto la continuidad como la fragmentación del crimen organizado: por un lado, los hijos de “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos” (Ovidio, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López); por el otro, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cártel y una figura enigmática que logró evadir la captura durante décadas y que actualmente está detenido en nueva York a la espera de un juicio por delitos graves relacionados con el narcotráfico.
La serie sugiere, directa e indirectamente, que la relación entre estos grupos es cada vez más tensa. Mientras “El Mayo” representa la vieja escuela del narcotráfico —más calculador, más discreto—, “Los Chapitos” han mostrado una forma más agresiva y ostentosa de operar. El Culiacanazo marcó una línea divisoria: fue una muestra de poder de los Chapitos al doblegar al Estado mexicano mediante una insurrección armada en plena ciudad. Sin embargo, también dejó entrever una falta de coordinación con “El Mayo”, quien, según diversas fuentes, se mantuvo al margen de este caos.
Este distanciamiento refleja no sólo una rivalidad interna por el control del cártel, sino también una diferencia en las rutas, productos y formas de operar. Mientras “Los Chapitos” están señalados por Estados Unidos como los principales responsables de la producción y distribución de fentanilo, “El Mayo” ha mantenido un perfil más enfocado en el tráfico tradicional de drogas como la cocaína y la heroína.
El documental de Max también plantea una pregunta inquietante: ¿qué tanto control tiene el Estado mexicano sobre su propio territorio? El operativo fallido y la posterior liberación de Ovidio Guzmán demostraron una clara vulnerabilidad institucional. No sólo fue una derrota táctica, sino una señal de que los cárteles tienen capacidad para paralizar ciudades, desafiar al gobierno y moldear las decisiones políticas. Sin embargo, reducir la culpa a la debilidad del Estado mexicano es una simplificación peligrosa. También debe señalarse la negligencia o incluso complicidad de ciertos actores estatales —en ambos países— que han permitido el crecimiento del crimen organizado.
Por otro lado, Estados Unidos, aunque exige resultados y ofrece cooperación, ha mostrado inconsistencias en su estrategia. Su fallida “guerra contra las drogas” ha dejado décadas de violencia en América Latina sin reducir el consumo interno. Además, su reticencia a asumir responsabilidad directa por la epidemia del fentanilo —cuyo origen muchas veces incluye laboratorios legales y un sistema de salud permisivo— contribuye a un enfoque desequilibrado del problema.
Culiacanazo no es sólo una serie sobre un día trágico; es un reflejo brutal de una realidad que ambos países comparten y han contribuido a crear. El narcotráfico, y especialmente la crisis del fentanilo, es un problema binacional que requiere respuestas integradas y corresponsables. La relación entre “Los Chapitos” y “El Mayo” Zambada refleja los cambios internos dentro del crimen organizado, mientras que la débil respuesta estatal pone en duda el verdadero control del poder.
Para avanzar, tanto México como Estados Unidos deben abandonar los discursos unilaterales y asumir su cuota de responsabilidad con acciones concretas, desde el control de armas y precursores químicos hasta el fortalecimiento de instituciones judiciales y sanitarias. Solo entonces se podrá aspirar a desmantelar las redes del crimen que han convertido a regiones como Culiacán en epicentros de una guerra que, por ahora, sigue sin fin.
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