*Fosas clandestinas en México: el reflejo de una crisis humanitaria y la indolencia gubernamental.
Por Magda Olguín
En las últimas décadas, México ha sido escenario de una crisis humanitaria marcada por la violencia, la desaparición forzada y el hallazgo constante de fosas clandestinas. Estas fosas, dispersas por todo el territorio nacional, representan el doloroso rastro de un conflicto no declarado en el que miles de personas han sido privadas de su libertad y de su vida. Pese a la magnitud de este problema, la respuesta del gobierno ha sido insuficiente, caracterizada por la indiferencia, la ineficiencia y, en muchos casos, la complicidad con los actores responsables de estas atrocidades.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en el 2024 se registraron 8,320 personas desaparecidas en México, lo que equivale a una desaparición cada 40 minutos. Actualmente, la cifra total de personas desaparecidas supera las 115,000.
El crecimiento exponencial en el hallazgo de fosas clandestinas es alarmante. Informes de organizaciones de derechos humanos han documentado que en el país existen miles de estos sitios, donde los cuerpos de personas desaparecidas han sido ocultados sin que las autoridades realicen una investigación adecuada. Siete estados concentran más del 71% de estos cuerpos no identificados: Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, lo que evidencia que esta problemática no es un fenómeno aislado, sino un reflejo del colapso de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia. Además, se estima que existen más de 52,000 cuerpos sin identificar en el país, lo que refleja una crisis forense significativa.
Detrás de cada fosa clandestina hay historias de familias que han visto desaparecer a sus seres queridos y que, ante la inacción del Estado, han tenido que convertirse en buscadoras. Son estas familias, organizadas en colectivos, las que recorren campos, cerros y predios en busca de restos humanos con la esperanza de encontrar a los suyos y darles una sepultura digna. Mientras el gobierno minimiza la crisis, estas personas arriesgan su vida en la búsqueda de la verdad y la justicia, enfrentando amenazas y hostigamientos por parte del crimen organizado y de las propias autoridades.
La impunidad en estos casos es alarmante, con un 98% de las desapariciones forzadas sin resolver, lo que perpetúa el sufrimiento de las familias y la falta de justicia.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció reformas para unificar y fortalecer los registros de identificación y forenses sobre personas desaparecidas, buscando mejorar la coordinación entre fiscalías y servicios forenses en todo el país.
Sin embargo, el papel del gobierno ante esta crisis ha sido, en el mejor de los casos, omiso y, en el peor, cómplice. Las cifras de desapariciones siguen en aumento, y las investigaciones oficiales suelen ser superficiales o inexistentes. Se han documentado casos en los que las propias fuerzas de seguridad han estado involucradas en desapariciones forzadas, lo que genera desconfianza y un sentimiento de desamparo entre las víctimas y sus familiares. Además, la impunidad reina en la mayoría de los casos, ya que las condenas por estos crímenes son excepcionales y, cuando ocurren, no alcanzan a los altos mandos ni a quienes permitieron la existencia de redes de desaparición sistemática.
Es imperativo que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en esta crisis y garantice justicia para las víctimas y sus familias. Esto implica la creación de mecanismos efectivos de búsqueda, la investigación exhaustiva de cada hallazgo de fosa clandestina y el castigo a los responsables, sin importar su rango o filiación. Además, debe proporcionarse apoyo integral a los familiares de los desaparecidos, incluyendo atención psicológica y medidas de protección para quienes participan en labores de búsqueda.
Las fosas clandestinas son el símbolo de una sociedad en crisis, de un país donde la vida humana ha perdido su valor ante los ojos de quienes gobiernan. Mientras no haya voluntad política para erradicar este fenómeno y brindar justicia a las víctimas, México seguirá siendo una nación marcada por el dolor, la impunidad y la desesperanza. Es responsabilidad de todos exigir que las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas dejen de ser una realidad cotidiana y que la memoria de los ausentes no se pierda en el olvido.
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