*En el caso de un exdirector de Protección Civil en Tula, a quien le pagarán 15 mil pesos mensualesdurante 15 años.
Por Marlene Godínez Pineda
El exdirector de Protección Civil del municipio, Eliseo Segura Jiménez, demandó al gobierno municipal de Tula tras su despido en otra administración, exigiendo su inscripción retroactiva al régimen de seguridad social y el pago de prestaciones correspondientes, incluyendo el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Después de un proceso legal prolongado, el tribunal laboral emitió una sentencia en junio de 2022 en favor del demandante, lo que llevó al ayuntamiento a interponer un amparo.
Tras la resolución judicial y en apego al artículo 774 de la Ley Federal del Trabajo, se propuso un convenio conciliatorio que debió ser aprobado por mayoría en el cabildo. Según lo expuesto en la sesión de cabildo del lunes 3 de marzo, el acuerdo contempla un pago inmediato de 200 mil pesos, así como una pensión mensual de 15 mil pesos por un período de 15 años, de forma retroactiva al primero de enero del presente año. En caso de fallecimiento del exfuncionario, su esposa sería la beneficiaria de la pensión.
La discusión en el cabildo giró en torno a la conveniencia de firmar este convenio, ya que, de no hacerlo, el ayuntamiento podría enfrentar una erogación de hasta 33 millones de pesos por concepto de prestaciones acumuladas y sanciones. El coordinador jurídico Fernando Larios enfatizó la importancia de evitar mayores perjuicios al presupuesto local y señaló que esta situación es parte de un problema recurrente en diversas administraciones.
Durante la sesión, se destacó la necesidad de profesionalizar el servicio público para evitar la proliferación de demandas similares en el futuro. Regidores señalaron que muchos funcionarios demandan tras finalizar su administración, lo que ha generado sentencias millonarias en diversos municipios del estado. Al final de cuentas el punto se aprobó por unanimidad.
Señalamientos sobre contrataciones y despidos en administración municipal
En la sesión, el regidor Noé Paredes Meza destacó la falta de transparencia en la entrega de información sobre los perfiles de los trabajadores, así como la presunta utilización de puestos laborales para cumplir compromisos políticos. Casi en el mismo sentido se expresó el regidor de Movimiento Ciudadano, Victorino Apodaca, quien exhortó a no diferenciar entre los trabajadores de confianza y los sindicalizados.
Paredes Meza por su parte enfatizó la importancia de garantizar la idoneidad de los funcionarios contratados, señalando que no se han entregado los currículums de las personas en trámite de contratación, lo que impide evaluar si cumplen con los requisitos establecidos para sus funciones.
Asimismo, abordó la problemática de la seguridad social de los trabajadores municipales, señalando que no se han tomado medidas para resolver la falta de recursos destinados al pago de prestaciones. Otro punto de preocupación fue el despido de aproximadamente 47 empleados, con un costo cercano al millón de pesos en liquidaciones.
Agregó que, debido a la falta de información oficial, se presume que estos despidos fueron para dar cabida a compromisos políticos adquiridos en campañas partidistas. Además, se hizo un llamado a la administración municipal para esclarecer los motivos de las bajas y las razones por las cuales se incorporaron nuevos funcionarios en su reemplazo.
Finalmente, insistió en la necesidad de establecer procesos administrativos adecuados para evitar futuras controversias laborales. Se reiteró que los despidos deben ser manejados conforme a la normatividad vigente y que los funcionarios cesados deben recibir un trato justo en sus procedimientos. *NI*