*Reforma judicial: el desafío no termina en las urnas.
Por Iván Hernández
El domingo primero de junio se llevarán a cabo las elecciones del Poder Judicial de la Federación, un proceso mediante el cual se exhorta a la ciudadanía a participar en un nuevo sistema que permitirá elegir a los funcionarios y funcionarias públicas que desempeñarán los cargos de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Esto es consecuencia de una de las reformas más importantes impulsadas por la Cuarta Transformación ($T): la reforma al Poder Judicial.
Como en la mayoría de las propuestas y reformas de la 4T, hay tanto detractores como simpatizantes. Sin embargo, debatir sobre si debiese existir o no existir esta reforma ya es irrelevante porque ha sido aprobada, ya es un hecho. Es hora de que el debate pase a un segundo nivel El sistema judicial en México tiene fallas evidentes que requieren una reforma profunda y no sólo de elección de cargos. Para evitar caer en discursos maniqueos y sensacionalistas, me centro en datos estadísticos, utilizando los informes del World Justice Project (WJP) para poder construir una visión más completa sobre el tema.
El WJP es una organización independiente y multidisciplinaria cuyo propósito es generar conciencia y conocimiento a través de distintos índices que miden el estado de derecho en diversos países, incluido México. Su objetivo es fomentar una mayor comprensión de la importancia del estado de derecho, impulsar el compromiso gubernamental con su cumplimiento y contribuir a la construcción de culturas jurídicas más sólidas y adaptadas a cada contexto.
El estado de derecho se define como un sistema de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario basado en cuatro principios universales:
1. rendición de cuentas
2. leyes justas
3. gobierno abierto
4. justicia accesible e imparcial.
Lo que hace preguntarme: ¿Esta reforma marcará un antes y un después en la impartición de justicia en nuestro país? ¿Atiende y combate los verdaderos problemas del sistema de justicia mexicano? ¿Es la reforma que realmente necesitamos en materia judicial?
La respuesta es: sí y no.
Un análisis detallado de la reforma requeriría más espacio del que permite una columna, pero lo que puedo afirmar es que este debe ser solo el primero de muchos cambios necesarios dentro del Poder Judicial de la Federación. La participación ciudadana es crucial y debe promoverse y fortalecerse. De hecho, es un indicador clave dentro de la Métrica de Justicia Abierta, que mide el nivel de transparencia de las instituciones del ecosistema de justicia en México. Sin embargo, más allá de la elección de jueces y magistrados, hay otros temas urgentes que deben ser objeto de escrutinio público. Uno de ellos es la adhesión al estado de derecho.
México ocupa el lugar 118 de 142 en el ranking global y el 28 de 32 en la región latinoamericana en términos de apego al estado de derecho. Desde 2015, año en que el país comenzó a ser evaluado en esta métrica, su puntuación ha caído de 0.48 a 0.41 en una escala de 0 a 1. Estos números reflejan la evaluación de ocho factores principales:
1. Limitaciones a los poderes del gobierno: 0.43
2. Ausencia de corrupción: 0.27
3. Gobierno abierto: 0.57
4. Derechos fundamentales: 0.47
5. Orden y seguridad: 0.52
6. Aplicación de la normativa: 0.43
7. Justicia civil: 0.37
8. Justicia penal: 0.25
El acceso a la justicia en México no solo está limitado por la corrupción y la falta de regulación, sino también por la falta de autonomía judicial. Aquí es donde surgen dudas sobre la reforma. Si bien la elección de jueces por voto popular puede fortalecer la participación ciudadana, también plantea el riesgo de politización del sistema judicial, es decir, convertir la impartición de justicia en un debate ideológico o partidista. En las democracias consolidadas, la selección de jueces suele estar basada en méritos y trayectoria profesional, para garantizar la imparcialidad. En cambio, un sistema electoral podría convertir la justicia en un campo de disputa partidista, donde jueces y magistrados responden más a intereses políticos que a la aplicación imparcial de la ley.
Por su parte, en el caso particular del estado de Hidalgo, que cuenta con una puntuación de 0.42. Sus indicadores más preocupantes son:
• Justicia civil: 0.35
• Justicia penal: 0.37
• Cumplimiento regulatorio: 0.34
• Ausencia de corrupción: 0.35
Por otro lado, la reforma no aborda de manera directa problemas fundamentales como la impunidad, la saturación del sistema judicial o la falta de recursos para una justicia eficiente. Sin mecanismos claros de rendición de cuentas y sin garantías de autonomía de decisión, podría convertirse en un cambio superficial que no resuelva los problemas de fondo. Dicho esto, elegir a jueces y magistrados puede ser un primer paso, pero no es suficiente. Para que este cambio sea realmente transformador, se necesita mayor escrutinio público sobre su implementación, medidas concretas para garantizar la autonomía judicial y mecanismos que prevengan el uso político del sistema de justicia.
La participación ciudadana no debe quedarse en el voto; también implica exigir transparencia, monitorear el desempeño de las instituciones y presionar para que el debido proceso se respete. Expertas y víctimas de violencia han demostrado que la presión social es clave para que se tomen en cuenta perspectivas de género y derechos humanos en la impartición de justicia. Este mismo modelo de exigencia debe aplicarse a la reforma judicial. No dejemos pasar la oportunidad de influir en cómo se imparte justicia en nuestro país y en nuestro estado.
Contacto: ivanalan29mail.com