*Políticas públicas en favor de la niñez.
Desde 2011, cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, un esfuerzo global por promover los derechos y el empoderamiento de las niñas en todos los contextos sociales y culturales.
En México, las niñas y adolescentes conforman uno de los grupos más vulnerables en términos de acceso efectivo a derechos como la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la vivienda digna y la recreación.
Las niñas que viven en contextos de violencia y marginación; así como las niñas racializadas y pobres son quienes más retos enfrentan para acceder a estos derechos básicos.
De acuerdo con cifras del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en el país viven 17.5 millones de niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años; que representan 48% del total de la población infantil.
De este total de niñas y adolescentes cerca de la mitad (46%) se encuentran en algún grado de pobreza o presentan alguna carencia por derechos sociales.
En términos absolutos, son 8 millones 359,655 de niñas y adolescentes las que no tienen acceso a la canasta básica y tienen dificultades para acceder a sus derechos básicos, de acuerdo con cifras de la Medición de Pobreza 2023 del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).
México es un país profundamente desigual; cuando se desglosa la pobreza infantil por entidades federativas se observa que algunas presentan niveles de hasta el doble en comparación con otras.
Chiapas es la entidad con mayor población de niñas y adolescentes en esta situación: 8 de cada 10 se encuentran en algún grado de pobreza. En Guerrero y Oaxaca, son 7 de cada 10. Estos tres estados son, además, los que presentan mayores carencias sociales en su población infantil.
Mientras que, en Hidalgo, el 59.4% de la población de 0 a 17 años vive en situación de pobreza; lo anterior representa 548 mil 938 niñas, niños y adolescentes, lo que también coloca al estado dentro de las 10 entidades con mayor porcentaje de población infantil y adolescente en situación de pobreza hasta el último censo nacional.
Además de la pobreza multidimensional, se observa que las niñas y adolescentes presentan amplias carencias en el acceso a la seguridad social y los servicios de salud; cerca de la mitad de ellas está excluida de estos derechos.
Bajo esta dinámica, los municipios y sus Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) deberán ser la base de la pirámide donde se construyan políticas públicas estables y sólidas que permitan contrarrestar estos datos.
Los municipios son la unidad de gobierno más cercana a la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes, por lo que en estos espacios territoriales se deben diseñar políticas públicas que resuelvan los problemas de este sector de la población.
No basta con reconocer que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, sino que ellas y ellos deben saber que lo son, y las autoridades tienen el deber, el compromiso y la responsabilidad de escucharlos, protegerlos y atenderles, de modo que todas las acciones diarias de gobierno deben enfocarse de acuerdo con el interés superior de la niñez.
Garantizar una vida libre de violencia, universalizar el acceso efectivo derechos básicos y erradicar todas las formas de discriminación y marginación de niñas y adolescentes es uno de los pendientes para la política pública actual.