23 de nov de 2017

Perspectiva

*Hiperrealismo y Cambio Institucional.


Por OFICINA | martes 31 de octubre del 2017 , 04:25 p.m.

Por Esteban Ángeles Cerón

La inercia del déficit de gobernabilidad institucional en la conducción social, evidencia el anquilosamiento y la disfuncionalidad orgánica, las contradicciones administrativas y el menoscabo de la gestión pública.

Ante el deterioro de la respuesta institucional a la sociedad, debemos cuestionar el inercial regresionismo administrativo que generan la pasividad del Estado, en particular la erosión del marco conceptual de las estructuras jurídicas, orgánico-administrativas, programáticas y presupuestales, factores determinantes del cambio administrativo para la creación de oportunidades de desarrollo humano y crecimiento nacional.

El incumplimiento del marco jurídico regulatorio de la administración pública y lo precario del costo-beneficio de la respuesta social, enjuician la vigencia de la legalidad imperante; obstruyen el desarrollo humano; hacen ineficiente la operatividad administrativa; y provocan los crecientes procesos de corrupción e impunidad que devastan la confianza, la credibilidad y la armonía de la sociedad.

El trazo directo de estas anomias tiene que ver con el precario desempeño del sistema político y de gobierno, cuyo anquilosamiento y debilidad, propicia conflictos e inestabilidad sistémica; y frustra la calidad de la democracia y las expectativas del desarrollo humano y social.

En este contexto, de acuerdo a José Antonio Rivas, “La relevancia de las instituciones estriba, sea cual sea la perspectiva o el tipo de gobierno, en que conforman el principal medio y pivote a través del cual se estructuran no sólo la democracia, el sistema político, sino además, y de manera especial, nuestras prácticas políticas, conductas, reglas, normas, rutinas, códigos y naturalmente los procesos de socialización, participación e interacción social y política.

Observar estos principios, advierte que el Estado debe aceptar sus propias virtudes y debilidades para evaluar y corregir su funcionalidad administrativa, con acciones que actualicen el marco jurídico y garanticen la praxis de corresponsabilidad, cocreación y horizontalidad social.

Estos comportamientos de gobierno abierto, son imperativos en la toma de decisiones que construyen y ejecutan políticas de Estado, políticas públicas, planes y programas de gobierno y deben sustituir las inercias institucionales que han enclaustrado a la ciudadanía en el papel consultivo que hasta ahora tiene asignado.

Esta orientación consultiva cercena la fuerza orgánica de la sociedad; disfraza las anomias que acompañan el desempeño y operatividad de planes y programas de desarrollo; manipula sus alcances e impactos en la generación de beneficios y oportunidades sociales; y frena el despegue social para abatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción e impunidad.

El problema del aparato público no radica en la falta de conocimientos científicos, ni de recursos tecnológicos o de teorías administrativas, como tampoco de capacitación de punta e interconectividad internacional, o de experiencias con otros estados.

La crudeza política del oscurantismo que vivimos, nos revela que el rostro de la acción pública es la radiografía auditada del juego político, que impide los aprendizajes significativos a nivel institucional y social; la inconcreción administrativa; la falta de contrapesos de los poderes públicos; y la famélica participación corresponsable de la sociedad como constructo civilizatorio de un Estado que no ha logrado la vanguardia social.

Asimismo, es determinante el síndrome crónico de la corrupción y la impunidad, que al reflejarse en la protesta airada, el encono y la ira ciudadana, hacen infructuoso el cambio institucional y nulifican las expectativas de armonía comunitaria a la que aspiramos.

Esta ineficiencia política, jurídica y administrativa, reclama prácticas de parlamento abiertovertebradas con los Sistemas Nacional Anticorrupción, de Transparencia y de Fiscalización, así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La sociedad debidamente organizada, deberá participar con sus análisis, propuestas y opiniones en los procesos legislativos que construyen los dictámenes que se aprueban, lo que permitirá recuperar el principio de representatividad y la legitimidad del cambio sistémico que necesitamos.

Esta argumentación crítica plantea hacer del espejo del hiperrealismo político, el espacio para desarrollar estructuras institucionales y sociales, cuya cognición apuntale la función pública y el irrestricto cumplimiento del Estado Democrático de Derecho.

No hay recetas mágicas en el cambio cognitivo y político del Estado, pero algo está claro: mientras no podamos corregir y contener los apetitos de la corrupción e impunidad con protocolos que fortalezcan la estructura jurídica y administrativa pública, estaremos condenados al fracaso.

La curva de aprendizaje de la cruenta realidad que padecemos, no incide en el cambio institucional. Ello se debe a que tenemos una sociedad débilmente organizada, desprovista de conciencia y visión de país para orientar la reconstrucción nacional y de un agudo proceso de despolitización ciudadana, que corroe como cáncer el espíritu de nuestro pueblo.

Aprender para aprender. Esta parece ser la expectativa de una sociedad que en el quebranto público ha encontrado al Leviatán que hoy la devora y cuyas estelas de corrupción e impunidad son el mal endémico de una sociedad que ha llegado al límite de la desolación. *NI*

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