22 de oct de 2017

*Todavía no es suficiente.

Casi al mismo tiempo que en Hidalgo  los diputados aprobaron la semana pasada  desaparecer la figura del fuero para representantes populares


Por OFICINA | martes 1 de agosto del 2017 , 04:37 p.m.

Casi al mismo tiempo que en Hidalgo  los diputados aprobaron la semana pasada  desaparecer la figura del fuero para representantes populares y funcionarios públicos,  en nuestro país entró en vigor el  pasado 18 de julio el  Sistema Nacional Anticorrupción.

Dos acciones que de alguna manera  tienen que ver con la (mala) conducta de  mujeres y hombres que perciben un ingreso económico al trabajar –o sin trabajar pero sí lo perciben- en alguna institución de gobierno sea del nivel federal, estatal o municipal.

En el primer caso esperamos referirnos con mayor amplitud en cuanto  las reformas constitucionales respectivas hayan sido aprobadas  por los ayuntamientos, convertidos para este caso en parte del Congreso Constituyente. Qué interesante seria que al interior de los 84 Cabildos no solamente aprobaran las reformas como van, sino  que las enriquecieran con sus propias propuestas.

Por lo que corresponde al ahora llamado  Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),  arrancó con varias deficiencias, la principal el hecho de que el Senado no haya nombrado al            que ahora será el fiscal de la  Procuraduría General de la República. Faltan también los magistrados en las cinco salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.     

Para suplir estas carencias el TFJA determinó crear temporalmente  una sala especializada en materia de corrupción que recibirá temporalmente las denuncias en este rubro. Las salas que  habrán de crearse serán  en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Torreón.

Estas salas tendrán competencia  para imponer sanciones a los servidores públicos y particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, además podrán  tramitar y resolver los juicios que se promuevan bajo las disposiciones de las nuevas leyes.

Cabe hacer notar que el 18 de julio del año pasado se publicó en el DOF  el decreto por el cual se expidieron la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este es el decreto que prevé la creación de cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas.

Justamente cuando se firmó el decreto a través del presidente Peña Nieto, se dijo que sería un novedoso mecanismo con la participación de la sociedad civil para combatir las redes de corrupción de los servidores públicos y particulares. Se dijo que este sistema  es concebido  como un cambio institucional que tiene como objetivo ir  en  contra de los delitos que generan impunidad  en el quehacer público y privado del país.

El Sistema es presidido por  el Comité de Participación Ciudadana que encabeza la señora Jackeline Peschard Mariscal, que a su vez es una de las siete piezas que forman el Comité Coordinador del SNA en el que participan: Los titulares de la secretaría de la Función Pública, de la Auditoria Superior de la Federación, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como un representante  del Consejo de la Judicatura Federal y el faltante fiscal anticorrupción de la PGR.

Este sistema se instaló formalmente desde el pasado mes de mayo, sin embargo el SNA todavía carece de oficinas para llevar a cabo sus funciones. Para este año el Sistema habrá de contar con un presupuesto de   222 millones de pesos y una estructura orgánica para la Secretaría Ejecutiva dividida en 117 plazas  con dos unidades administrativas y tres direcciones generales.

Ahora por cuanto al avance que registran las unidades estatales en su armonización de sus constituciones y leyes locales, sólo cinco estados de los 32 han registrado una mayor homologación de sus normas contra la corrupción. A decir Querétaro, Sonora, Nayarit, Chiapas y Puebla.

Por el lado contrario los estados que van más atrasados  porque no han aprobado y en consecuencia no han publicado ni su reforma constitucional ni las otras leyes secundarias son: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

¿Y en dónde está Hidalgo? Aquí  sólo ha  aprobado y publicado sus reformas constitucionales. Están igual  Colima, la Ciudad de México, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Los  rubros en los que deben trabajar las entidades del país son: la Reforma Constitucional, la Ley del Sistema Local Anticorrupción, Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, Ley de   Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal,, Ley Orgánica del Tribunal Contencioso, Ley de Responsabilidad Administrativa y su propio finalmente su propio Código Pernal.

Esperamos que los pendientes en Hidalgo pronto avances y se culminen, porque además tengamos presente que la reforma para quitar el fuero a los servidores públicos de primer nivel, no va a resolver los intricados laberintos de la corrupción e impunidad.

Por hoy es todo, nos leemos  el próximo miércoles, pero… En  Confianza. *NI*

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